Empieza el juicio sobre la "mayor operación crediticia" del Banco de Valencia
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por administración desleal.
La entidad concedió 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa.
El ex consejero delegado del Banco de Valencia es el principal señalado por Anticorrupción, que sostiene que fue él quien "impartió las instrucciones correspondientes a los empleados de la entidad". / Cadena SER (Archivo)
Valencia
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por administración desleal en la "mayor operación crediticia" de la entidad, que concedió 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa.
La Fiscalía Anticorrupción, que contempla como alternativa una posible apropiación indebida por gestión desleal, pide para él cuatro años de prisión como autor de un delito por el que solicita idéntica pena para el patriarca de los Soler, su hija María Victoria y el marido de ésta, Vicente Fons.
Reclama asimismo una indemnización de unos 94 millones de euros para el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.
Penas que el banco catalán, representado por el abogado Carlos Gómez Jara y que cede su "derecho al cobro" al FROB, endurece hasta los seis años de cárcel por un posible delito adicional de estafa.
No evaluaron el riesgo de la operación
En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata cómo la entidad aprobó la financiación -desarrollada entre enero y marzo de 2007- sin "un análisis suficiente de su viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados que tenían encomendada la función de análisis y evaluación de riesgo".
La recuperación de estos fondos, prosigue, "se hacía descansar casi en exclusiva" en unas garantías que "no pudieron absorber las pérdidas derivadas del impago de los préstamos", que generaron un perjuicio de 93,9 millones de euros.
Según relata la fiscal Sandra María Fagil, esta operación, con la que los Soler querían adquirir la participación del 2,4 % que la CAM tenía en la promotora, "constituyó la mayor operación crediticia" de la historia del banco, no en vano representaba el 23,9 % de sus recursos propios. Unos niveles que "contravenían" los acuerdos del propio consejo de administración de Banco de Valencia, que "limitaban la concentración de riesgos al 15 %".
Sin el visto bueno del consejo de administración
La Fiscalía considera probado que ninguna de las decisiones "fueron aprobadas en su totalidad ni por el consejo ni por la comisión ejecutiva, que además tampoco contó con la información necesaria y suficiente para poder valorarlas".
Ni siquiera el responsable máximo en materia de créditos, el comité de riesgos, "conoció con carácter previo" unas operaciones de las que "únicamente" sabía sus pormenores en profundidad Parra.
El ex consejero delegado es el principal señalado por Anticorrupción, que sostiene que fue él quien "impartió las instrucciones correspondientes a los empleados de la entidad" hasta el punto de que habrían sido ejecutadas antes de que los órganos del banco tuvieran constancia de la financiación.
El Banco de España advirtió de las deficiencias
Tanto es así, prosigue, que el seguimiento de los créditos concedidos "se limitó a la utilización de una herramienta "sin efectos contables", deficiencias que fueron incluso advertidas "reiteradamente por el Banco de España".
De esta forma, Parra habría infringido "conscientemente los deberes inherentes a su posición, de lealtad y transparencia" en un "injustificado trato de favor al 'Grupo Soler'", y "tolerando además que no se satisfacieran los intereses por descubierto de varios créditos o que, una vez pagados, fueran retrocedidos".
En la práctica, ello supuso que el banco dejó de cobrar "determinadas comisiones a las que tenía derecho, aplicando tipos de interés más favorables a los acreditados".
Los hechos tuvieron lugar el mismo año en el que Metrovacesa presentó una opa para resolver el enfrentamiento entre la familia Sanahuja, que controlaba el 39,6 % de la inmobiliaria, y Joaquín Rivero -ya fallecido- y su socio, Bautista Soler, que sumaban entre ambos el 39,14 % de su capital.
La denominación Metrovacesa quedó entonces en manos de los Sanahuja junto con los negocios inmobiliarios centrados en España, entre otros, mientras que Rivero y Soler se pusieron al frente de los de Francia.
Al empresario valenciano apunta también la Fiscalía, junto con su hija, su yerno y Rafael Ruiz-Jarabo -para el que pide tres años de cárcel-, que "en connivencia" con Parra consiguieron que sus créditos, concedidos "en cascada" a diversas empresas de su grupo, fueran refinanciados en varias ocasiones e incluso, pignorados.
Parra, condenado a cuatro años de cárcel
El pasado abril, la Audiencia Nacional condenó a Parra a cuatro años de prisión por una serie de macrooperaciones urbanísticas que causaron a la entidad un perjuicio de 198 millones de euros y en las que precisamente estaba involucrado otro hijo de Soler, el expresidente del Valencia C.F Juan Bautista Soler.
Antes, en febrero, el ex consejero delegado del banco aceptó un año y siete meses de cárcel por administración desleal en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, causa en la que abonó 330.000 euros por el perjuicio causado.
