Inspección de Trabajo realizará campañas contra la economía sumergida a partir de 2020
El Consell aprueba que la Policía Autonómica de la Generalitat colabore en la lucha contra la economía irregular haciendo "especial hincapié" en el sector textil
Inspección de Trabajo realizará campañas contra la economía sumergida a partir del 2020 / Cadena SER
Valencia
La Inspección de Trabajo realizará campañas en polígonos contra la economía irregular a partir de 2020, con especial hincapié en las empresas del sector textil. Así lo ha aprobado la Comisión Mixta de Planificación, constituida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que regula la colaboración de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.
De esta manera, el primer trimestre de 2020 se llevarán a cabo campañas contra la economía irregular en polígonos de toda la Comunitat, en las que se realizarán controles de empleo, verificaciones de la contratación utilizada y de prevención de riesgos laborales.
El director general del Trabajo, Gustavo Gardey, ha declarado que, con esta Comisión Mixta de Planificación, la Conselleria de Trabajo prioriza la lucha contra la economía sumergida por el triple impacto que tiene: en las condiciones de trabajo, en la sostenibilidad de la Seguridad Social y en el fortalecimiento de la competencia leal entre empresas en el mercado.
Director general del Trabajo, Gustavo Gardey
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El Consell aprobó un convenio entre la Conselleria de Trabajo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el fin de que la Policía Autonómica de la Generalitat colabore con la Inspección de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida.
La colaboración de la Policía ha permitido multiplicar el número de actuaciones específicas contra la explotación laboral y también que los casos de economía sumergida que detecten los agentes durante sus actividades no queden impunes.
La Comunitat Valenciana es la primera autonomía donde se arbitra esta colaboración institucional, tras la petición de la Generalitat.
