Más mujeres en la dirección de las organizaciones agrarias para obtener ayudas públicas
Así lo recoge el Estatuto de la Mujer Rural debatido este jueves en las Cortes sin unanimidad
Cadena SER
Toledo
El Estatuto de la Mujer Rural, que aprueban este jueves las Cortes de Castilla-la Mancha exige para otorgar ayudas públicas a las organizaciones profesionales, empresariales y de todo tipo que operen en el ámbito agrario, una representación del 40% de mujeres en sus órganos directivos y para materializarlo se da un plazo de cuatro años. A partir de ese momento no habrá ni un solo euro de ayudas públicas para esas organizaciones que no afecten verdaderamente por la igualdad
El consejero de agricultura, Francisco Martínez Arroyo lo ha defendido como una ley comprometida para evitar discriminaciones. Como una ley feminista, que fomenta la formación y que da prioridad a las mujeres en el acceso a las ayudas públicas al desarrollo rural priorizando la titularidad compartida. En este punto se ha comprometido a trabajar con el futuro gobierno de España para conseguir -de verdad- que este modelo de gestión se haga efectivo, puesto que es todavía muy insuficiente, aunque se han multiplicado por cinco el número de empresas acogidas.
Se promoverá que las mujeres accedan a la titularidad de las explotaciones agrarias en cualquiera de las formas posibles, a la vez que se promocionará la figura de la titularidad compartida
Las dificultades añadidas que tienen las mujeres por vivir en el mundo rural y la marcha de las jóvenes que se van de los pueblos, ha sido destacada por los grupos parlamentarios entre los que el Partido Popular ha criticado el Estatuto porque se ha hecho, decía Lola Merino, sin contar con las mujeres.
Añadía que no ha habido reuniones, ni una sola, con las asociaciones de mujeres rurales. Ninguna de las siete enmiendas presentada por esta bancada se ha aceptado y estaban destinadas a evitar situaciones ambiguas relativas a discriminación indirecta.
La ausencia de presupuesto que lleva esta ley ha sido también criticada por Ciudadanos y por IU, fuera del arco parlamentario, formación que lamenta que no cuente con una partida presupuestaria específica para luchar contra la violencia machista en zonas rurales.
La responsable del Área de Mujer de la formación de izquierdas, María Isabel Álvarez, ha explicado a los medios de comunicación que las mujeres no necesitan "un favor" en las zonas rurales, sino "empleo, independencia económica y ayuda para la conciliación".
Ha criticado igualmente que esta nueva ley solo distinga entre dos categorías de mujer rural, empresarias o trabajadoras, "cuando la FAO las engloba en hasta nueve categorías" como asalariadas, temporeras o trabajadoras en explotaciones familiares que no son del cónyuge.
