Bienestar Social cree que debe mejorar la coordinación para atender a los menores extranjeros no acompañados
Aurelia Sánchez confía en el grupo de trabajo creado en el ministerio para mejorar los procedimientos de atención a estos menores
Toledo
En la víspera del Día mundial de los Derechos de la Infancia, la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha ha sido invitada este martes a sentarse en la reunión del Consejo de Gobierno. Entre las conclusiones, la intención de mejorar la coordinación de Bienestar Social con Educación y Sanidad para atender problemas en los niños, algunos emergentes, como señalaba la consejera Aurelia Sánchez
La región mantiene 61 centros de protección de la infancia y el Gobierno tutela a 1.100 menores. Sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) que se reparten por comunidades autónomas y que según el diario El País en muy bajo porcentaje tienen la documentación que les corresponde por ley, la consejera argumenta que hay unos plazos que cumplir para tramitar estos documentos, aunque reconoce la coordinación administrativa puede mejorarse
Según publica este jueves el periódico, en España hay 12.300 menores extranjeros en acogida y solo el 21 por ciento tiene la documentación que le corresponde por ley. Preguntada por la situación en Castilla-La Mancha, la consejera no ha ofrecido datos, pero ha insistido en que se introducen mejoras en la coordinación de las administraciones involucradas."La mayoría de los menores son remitidos directamente por la policía y se hace cargo el ejecutivo autonómico con los organismos del Tercer Sector -y añadía- que los permisos de residencia tienen que ver con el Gobierno de España"
Se ha referido al procedimiento establecido para otorgar permisos en el país que acoge a estos menores. Dice que según algunas normas, hasta que no llevan dos años tutelados por la administración, no tienen derecho a una serie de garantías.
Según publica el periódico, la ley no considera irregulares a los menores extranjeros no acompañados, pero eso no exime a las administraciones de tramitar en un periodo máximo de nueve meses los documentos de los niños que tienen bajo su tutela.