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Caso Diana Quer

El juicio por el asesinato de Diana Quer, suspendido por problemas para formar el jurado popular

El juicio aplaza su inicio hasta el 11 de noviembre a las 9:30 horas

El asesinato de Diana Quer llega a juicio con la petición de prisión permanente revisable para 'El Chicle'. / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)

El asesinato de Diana Quer llega a juicio con la petición de prisión permanente revisable para 'El Chicle'.

Santiago de Compostela

El juicio por el crimen de Diana Quer, que iba a comenzar este martes, ha quedado suspendido hasta el próximo 11 de noviembre por problemas para la constitución del jurado popular debido a razones varias, han informado fuentes judiciales.

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, se enfrenta en este juicio, como autor confeso y único acusado, a la pena de prisión permanente revisable. El proceso arrancará en los Juzgados de Fontiñas más de tres años después de la misteriosa desaparición de Diana, a la que se perdió la pista el 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a su casa de veraneo caminando desde las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra. Tenía solo 18 años.

Jurado popular

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El proceso iba a arrancar este lunes con la selección del jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen, pero tras los problemas para elegir a los miembros del mismo, se aplaza hasta el 11 de noviembre. Una vez elegido el jurado comenzarán las sesiones de este esperado juicio con la declaración del acusado, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Quer.

A continuación, se desarrollarán cuatro jornadas en las que declararán más de 50 testigos, entre los que figuran familiares de Abuín Gey, conocidos de la víctima, feriantes, policías locales, buzos que participaron en la reconstrucción, agentes que revisaron grabaciones y pistas o vecinos.

Luego se sucederán las periciales, en las que declararán 40 expertos. Entre las pruebas que se analizarán está la identificación del vehículo del acusado captado por la cámara de una gasolinera, un informe de imputabilidad del acusado, un informe grafológico, el análisis del rastreo de los teléfonos móviles, o el análisis de huellas y restos biológicos en el vehículo de El Chicle; además de los dos informes forenses, que cerrarán las sesiones el 8 de noviembre.

Este retraso en el inicio retrasa también la entrega al jurado del objeto de veredicto, tras lo que se iniciará el periodo de deliberación hasta llegar a un fallo.

Lo que pide la Fiscalía

Uno de los puntos claves en este caso reside en dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden tanto la Fiscalía como la acusación, que ejercen sus padres, y como sostiene el auto de apertura de juicio oral. Esta circunstancia sería necesaria para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín fuese condenado a la pena de prisión permanente revisable, que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Público.

En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, Fiscalía pide para El Chicle penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con "alevosía" y "ensañamiento" de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable.

Al mismo tiempo, solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual.

Lo que pide la acusación particular

Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven. En su escrito, considera a 'El Chicle' culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.

Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.

 
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