Víctimas de ETA y personalidades abogan por un relato de la memoria compartido
El lehendakari, iñigo Urkullu, ha clausurado una jornada de la Fundación Sabino Arana en la que otras personalidades y víctimas de la banda terrorista han coincidido en la necesidad de construir un relato compartido de lo que fue el terrorismo
Fundación Sabino Arana
Bilbao
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha clausurado este lunes la jornada de la Fundación Sabino Arana titulada "Miradas al antes y después del final de ETA", en la que también han participado el que fuera magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, además del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, y víctimas de la banda terrorista, que han solicitado un cambio en la política penitenciaria y han coincidido en la necesidad de construir un relato de la memoria compartido.
Estos dos últimos, además de Maixabel Lasa y Carmen Torres, víctimas de ETA, han abogado por avanzar en un relato compartido entre todas las fuerzas políticas de lo que fue el terrorismo.
Por su parte, Urkullu ha opinado que "el final de ETA es la ratificación de que nunca debió existir" y ha confiado en que ese sea el mensaje pedagógico que quede de la actividad terrorista a las generaciones venideras.
El lehendakari ha relatado la actuación del Gobierno Vasco desde el alto el fuego de ETA hasta su disolución, y ha destacado su labor para que el desarme "fuera legal, definitivo y sin contrapartidas" y para que la desaparición de ETA "llegara acompañada de una reflexión crítica sobre el pasado", si bien ha reconocido que esta es aún una tarea pendiente, al igual que la política penitenciaria.
Desde que en octubre de 2011 ETA anunciara el cese de la violencia, "su desarme y disolución fue el resultado de una acción coral", con muchas contribuciones, entre las que ha situado la del Gobierno Vasco, que expresó su disposición a contribuir al proceso pero desde la exigencia ética del respeto a las víctimas, el rechazo a la violencia e impidiendo la "exaltación de ETA".
Su ejecutivo colaboró con mediadores y grupos internacionales que trataron de facilitar el final de la banda, y en 2013 ETA se dirigió por carta al lehendakari, quien ha reprochado que la banda tratara de condicionar el proceso y que diera pasos "ambiguos y dilatorios", así como los "falsos anuncios" que causaban enorme decepción.
Ha denunciado que en ese proceso, "ETA pretendía difuminar su pasado" y presentar su desarme y disolución como "un gran gesto", si bien el Gobierno Vasco buscó que "el componente ético y la consideración que merecían las víctimas de ETA no quedasen relegadas".
Por ello, el Gobierno Vasco no participó en actos como el de Bayona, cuando se comunicó la ubicación de zulos con explosivos, ni en el de Cambó (Francia) en mayo del 2018 para escenificar el fin de ETA.
Según Urkullu, "ETA ha acabado, pero el rastro de sus consecuencias se extenderá por mucho tiempo todavía", tanto en el corazón y el recuerdo de las víctimas, como en las relaciones institucionales y en la convivencia y relaciones sociales.
"ETA fue un error de principio a fin. Nunca debió de existir. Nunca debería repetirse una deriva similar", ha sentenciado como parte del mensaje que Urkullu cree que debía llegar a los jóvenes y que "confirma que recurrir a la violencia es una aberración ética, un inmenso error político y una pretensión inútil y contraproducente".
Joaquín Giménez ha denunciado que la dispersión de los presos de ETA "carece de sentido" desde que la banda terminó con su actividad terrorista y ha defendido revisar toda la excepcionalidad normativa que se empezó a aplicar "en los años de plomo", al tiempo que ha dicho que "la política criminal no puede estar dictada por colectivos de víctimas". Se les debe escuchar y respetar pero "el Estado debe atender un bien general", ha indicado.
Ha reprochado la "falta de autocrítica en ETA" y la izquierdea abertzale al considerar que siguen haciendo recibimientos a quienes salen de la cárcel sin abandonar la línea oficial y olvidan a quienes reconocen el daño causado, piden perdón y se suman a la vía Nanclares.
Juan María Uriarte ha pedido facilitar el acercamiento de los presos a sus lugares de origen y la transferencia de esa competencia al Gobierno Vasco, así como ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reconozcan "sus reprobables excesos del pasado".
