Hasta tres juzgados se pasan la denuncia del fiscal contra Valcárcel por la desaladora de Escombreras
Ninguno asume la competencia para admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado julio, en la que pide que se investigue al expresidente por cuatro presuntos delitos por la construcción de la desaladora
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Murcia
Presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. La acusación estatal sostiene que el proyecto de la desalinizadora, que comenzó desde la iniciativa privada, fue asumido finalmente por la administración regional en una operación que considera perjudicial para los fondos públicos al comprometerse a pagar 600 millones de euros a lo largo de 25 años a la empresa que la realizó.
La denuncia fue presentada a raíz de que la Audiencia Provincial de Murcia, el pasado junio, anulara la declaración de compleja de la investigación acordada por el Juzgado de Instrucción Murcia que investiga la causa principal por haber sido aprobada fuera de plazo.
Para el ministerio público, no existe obstáculo alguno para que el Juzgado de Instrucción en el que finalmente recale la misma asuma la investigación contra Valcárcel como pieza separada dentro de la principal.
De hecho, según han indicado a Efe fuentes de la Fiscalía, lo “normal” sería que se admitiera a trámite y se abrieran diligencias previas para investigar los hechos relatados en la misma, los cuales apuntan, según los indicios recogidos en la misma, a que un proyecto de esa envergadura no habría podido ser ajeno al exmandatario regional, bien por acción o por omisión.
La denuncia fue presentada en el juzgado que investiga desde hace meses este supuesto caso de corrupción, pero este no la aceptó y la envió al reparto.
El órgano jurisdiccional al que correspondió declinó asumirla al exponer que la causa tendría que haber sido repartida entre los juzgados como causa especialmente compleja, y realizado un segundo reparto, el nuevo juez se inhibió a favor del juzgado que ya investigaba el caso debido a su conexión.
Esta iniciativa del ministerio público ha suscitado controversia en los ámbitos de la justicia al haber sido planteada cuando el plazo para investigar, según la interpretación hecha por la Audiencia Provincial de Murcia, ya quedó concluso hace meses, por lo que no se descarta que tenga que ser este tribunal el que se pronuncie sobre su procedencia.
En este proceso figuran como investigados, entre otros, el exconsejero regional de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma, Antonio Cerdá.
