La Audiencia reabre la investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
La Sala aprecia supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación
CADENA SER
Sevilla
La Audiencia de Sevilla reabre la investigación sobre la supuesta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar a Grupo México - Minorbis después de dos archivos. La Sala sigue viendo "indicios ostensibles" de tráfico de influencias e "indicios poderosos de prevaricación" en la adjudicación por concurso público que hizo la Junta de Andalucía. Los jueces ordenan que se tome declaración como investigado al hasta este martes presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones, la SEPI, a Vicente Fernández, que era en 2015 secretario general de la Consejería de Innovación. Fernández ha renunciado al cargo nada más conocer el auto.
De los correos electrónicos analizados se desprende, afirma la Sección Séptima, que tenía una "excelente relación personal" con representantes de la empresa que ganó ese concurso, los empresarios Isidro y Mario López Magdaleno.
Estos empresarios le piden supuestamente a Fernández su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales. Y el propio Fernández se la ofrece a través de sus personas de contacto en la administración, según explica el auto.
En la investigación consta, también, una estancia de los socios de Magtel, empresa que forma parte del grupo ganador, con el ya expresidente de la SEPI en Brasil. El acompañante de este alto cargo organiza un encuentro entre Magtel y los responsables de la multinacional brasileña Obedrecht.
La Audiencia resalta que antes del inicio del concurso un representante de Magtel se presentó en las oficinas de Emerita, la empresa que perdió, para proponerles la refundición de ambos proyectos; "al objeto de obtener la adjudicación, advirtiéndole que tenía la llave del concurso y para demostrarselo" les dijo que cinco minutos después recibirían la llamada del entonces secretario general Vicente Fernández. Cosa que ocurrió.
Los jueces señalan también que son significativos los ascensos de los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica que resolvió el concurso. Así que la Audiencia ordena que se investigue ese extremo.
La ponente de esta resolución ha sido la magistrada Mercedes Alaya.
