El interventor municipal mantiene que el procedimiento "más adecuado" era la tramitación por lotes

Alicante

Segunda sesión en la Audiencia Provincial del juicio contra el exalcalde Gabriel Echávarri por el caso Comercio. Este martes han comenzado a declarar los testigos. Tanto el interventor municipal, Francisco Guardiola, como el jefe de área de Comercio, Diego Agulló, han coincidido en declarar que, en su opinión, no se debía haber facturado los 25 contratos de manera individual.

Guardiola ha destacado que la fórmula idónea hubiera sido mediante la "agrupación en bloques que debían haber sido adjudicados por concurso público al sobrepasar los 18.000 euros" que permite la ley. "Hubiera sido el procedimiento administrativo más adecuado", mantiene.

El interventor además, realizó un informe propio ante las dudas que le traslado el jefe de área, según ha mantenido cuestionado por el fiscal Anticorrupción, tras revisar la documentación de la que disponía en esas facturas: "una breve descripción del servicio contratado, su importe y el proveedor al que se había encargado". Estableció tres bloques: Gala de Comercio, publicidad en medios y rotulación de mercados y las tres "superaban" la cantidad legal para adjudicar directamente.

Entonces pidió un informe a los servicios jurídicos y ante la "ausencia de conclusiones" y con las suyas propias finalmente consideró que el reconocimiento extrajudicial de crédito era la forma "menos gravosa" para el Ayuntamiento.

Por su parte, el jefe de área de Comercio, Diego Agulló, ha tenido claro a preguntas del fiscal Felipe Briones, que él "nunca" hubiera contratado fraccionando servicios "con un mismo objetivo y fin" y ha insistido en que desconocía 24 de los 25 contratos porque quien se ocupó directamente de ellos fue el asesor Pedro De Gea.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El alcalde Luis Barcala

Pero el primero en declarar este martes ha sido el alcalde popular Luis Barcala, quien ha explicado que acudió a la justicia ante las "sospechas de un delito de fraccionamiento y la ausencia" de explicaciones convincentes.

El actual primer edil ha relatado que la primera información de que el Ayuntamiento había contratado publicidad en medios de comunicación, la gala de los premios de comercio y la rotulación de mercados municipales, fue en una junta de Gobierno, en abril de 2017, cuando en el orden del día se incluía el reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar las 25 facturas objeto de juicio.

Ante las "dudas suscitadas y la excepcionalidad", pidió la documentación relativa a esos expedientes de contratación y ante la ausencia de respuestas y la sospecha de un posible delito de fragmentación de contratos, acudió a denunciar, primero a fiscalía y después al juzgado.

Ya a preguntas de la defensa del asesor Pedro de Gea y del jefe de Gabinete, Lalo Díez, el primer edil ha insistido en que denunciaron porque consideraron que las facturas "debían haberse tramitado en bloques y adjudicado por concurso" porque superaban de lejos los 18.000 euros.

También ha negado que aprovechara la situación para pedir la "renuncia" del entonces alcalde por su imputación. Barcala ha dicho que lo que pidió fue "coherencia y que Echávarri se aplicara la línea roja" que estableció para estos casos el propio partido socialista.

El juicio prosigue este miércoles. Declararán la exportavoz municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y el actual portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, entre otros.