Sentencias que se derrumban

Cádiz

Sobre más de 80 viviendas de la provincia de Cádiz pesa ahora mismo una orden de derribo por haberse construido de manera ilegal. Pero esas demoliciones no llegan. Existe una sentencia, una orden judicial para tirarlas, pero siguen en pie. Algunos de esos fallos judiciales datan de 2008, es decir, hace 11 años. Así lo refleja la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz. El Ministerio Público concluye que los principales agentes responsables de esta situación son los ayuntamientos, a los que define como "factores criminógenos", es decir, que favorecen la criminalidad.

La fiscal delegada de Medio Ambiente, Belén Sánchez, mantiene en su memoria reflexiones que antecesores suyos como Ángel Núñez o Patricia Navarro vienen advirtiendo desde hace años. Ahora se construyen menos casas ilegales que antes. Es una tendencia a la baja que se observa desde 2016. No obstante, los problemas persisten. "Sigue observándose la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas en los procedimientos administrativos, que son incumplidas en la mayoría de los casos", explica la fiscal, quien se queja, además, de que "no exista posibilidad de acusar por desobediencia porque los decretos de paralización se notifican a familiares de investigados o terceras personas y no directamente a ellos".

La memoria también alerta de que construcciones ilegales judicializadas ni siquiera tengan un expediente sancionador disciplinario abierto por el Ayuntamiento, que aducen "exceso de trabajo" o "ausencia de personal suficiente".

De esta manera, la fiscal concluye que ha sido la aplicación del derecho penal lo que ha permitido poner coto a las construcciones ilegales en la provincia. "La única medida que puede evitar el efecto llamada para construir ilegalmente es el temor a una denuncia penal".  Los juzgados, al contrario de lo que sucedía hace años, sí contemplan ya la demolición en sus condenas. "Solo el derribo garantiza la reparación del daño causado", sostiene la Fiscalía. "Es la medida de mayor efecto disuasorio". El problema es que esas demoliciones, aunque se dicten, no se producen o tardan mucho.

"Es especialmente lamentable la dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme". Los promotores o propietarios "suelen hacerse el sordo", dice la memoria de la Fiscalía. Y después de muchos años, ante la insistencia del juzgado, terminan por aducir motivos económicos para evitar el derribo.

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La situación se agrava cuando es el turno de los ayuntamientos, que deberían abordar de manera subsidiaria esas demoliciones. "La desidia es la misma", resume con claridad la fiscal. "También alegan insuficiencia presupuestaria o que el concurso de adjudicación del derribo queda desierto". La Fiscalía recuerda que con la ley de contratación de las administraciones públicos no sería necesario acudir a una empresa externa para acometer estas demoliciones, sino que se podría hacer con servicios municipales.

De esta manera, y con enorme contundencia, la memoria sostiene que "es otro giro de tuerca más de ciertos ayuntamientos, que se viene revelando como un factor criminógeno de peso en este tipo de conductas, ya que el particular sabe que cuenta con la tolerancia, en ocasiones muy activa, del propio ayuntamiento". La fiscal, con todo, salva a algunos gobiernos municipales como el del anterior mandato de Chipiona o el de El Puerto de Santa María, que comenzaron el año pasado a actuar contra estas viviendas de manera más activa.

Toda esta situación es la que provoca que, en la actualidad, más de 80 viviendas irregulares con sentencia de derribo sigan de pie. Es el doble de las que reflejaba un inventario hecho por la Fiscalía en 2014 sobre órdenes de derribo pendientes, cuando se contabilizan 43. A pesar de ello, el año pasado, 2018, aumentaron las demoliciones. De las 10 realizadas en 2017, se ha pasado a 14. La Fiscalía agradece este dato a la actuación del juzgado de lo penal número uno de Cádiz, que ha empezado a condicionar la suspensión de las penas de privación de libertad si los condenados derriban sus casas por sus propios medios. De esta manera, han preferido tirar ellos mismos sus construcciones y evitar la posibilidad de ir a la cárcel. Este criterio no es utilizado en otros juzgados de lo penal. La Fiscalía se queja, además, de que el Campo de Gibraltar la situación es aún más complicada, al ser los jueces más reacios a dictar sentencias condenatorias o para ordenar la ejecución de los derribos.