Comienza el juicio a los 47 encausados por integrar el llamado "frente de makos" de ETA
Miles de manifestantes apoyaron ayer a los acusados
Cadena SER
Bilbao
Este lunes se iniciará, en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, el juicio a la abogada Arantza Zulueta, al exsenador de Bildu Iñaki Goioaga y a otras 45 personas por integrar el frente de cárceles de ETA o "KT" bajo la cobertura de organizaciones como el colectivo de abogados BL, los de apoyo a presos Herrira y Etxerat, y la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi.
Un juicio al supuesto entramado de apoyo a los reclusos de ETA que esta previsto que finalice el 28 de noviembre.
Para los 47 acusados en este macrojuicio la Fiscalía reclama condenas de entre 8 y 14 años de cárcel por integración en organización terrorista y penas de inhabilitación para cargo o empleo público que oscilan entre 10 y 15 años.
Por estos hechos, Zulueta quedó en libertad bajo fianza de 200.000 euros tras pasar tres años en prisión preventiva, de enero de 2014 a febrero de 2017. Se enfrenta a 14 años de cárcel por integración en organización terrorista en grado de dirigente.
La misma pena que la Fiscalía pide para otro de los supuestos responsables del KT, el abogado Jon Enparantza, que también ingresó en prisión junto a Zulueta y otras siete personas tras su detención en la operación Jaque, a la que en 2015 siguieron Mate y Pastor contra los restos de esta estructura del frente de makos.
Cuando fueron detenidos, los dos estaban en libertad tras un arresto anterior en 2010 como responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, procedimiento que aún está pendiente de juicio, pese a varios intentos de las defensas para que se juzgara con el de KT en una misma causa.
Junto a ellos se sentarán otros abogados de etarras como la actual concejal de Bildu en Pamplona, Amaia Izco, el exsenador Iñaki Goioaga y Ainhoa Baglietto, para quienes el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pide 11 años de cárcel a cada uno.
"El colectivo de presos es uno de los principales elementos de movilización de la base social de ETA y su entorno; las reivindicaciones a favor de los derechos supuestamente vulnerados de los miembros del EPPK (Colectivo de presos), son un factor que permite acumular fuerzas procedentes de otros sectores políticos y sociales ajenos a la Izquierda Abertzale, lo que permite consecuentemente aumentar la presión política y social", destaca el escrito.
Los abogados implicados realizaban funciones de "asistencia política", "recopilando y centralizando todo tipo de información relacionada con los presos (...) información que se remitía posteriormente a las estructuras de dirección del frente de cárceles".
Según la Fiscalía, "la realización de esas actividades convertían al 'Colectivo de Abogados' en uno de los principales instrumentos, tanto de ETA como del KT y de Askatasuna".
De la documentación intervenida a miembros de ETA se desprende que en el KT estarían representados el propio EPKK "a través de miembros del KT y las organizaciones y colectivos del entramado de apoyo a los presos de ETA (Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y el 'colectivo de abogados-BL'".
Herrira, según el fiscal, "desde su creación, había asumido de modo integral y público los objetivos, estructura, funciones, método y procedimientos de financiación, iconografía y entramado comunicativo de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía / Askatasuna", por lo que pide la suspensión definitiva de sus actividades.
Ayer mismo, miles de personas -20.000, según la Policía Municipal- se manifestaron por la tarde en Bilbao en apoyo de los 47 encausados que serán juzgados a partir del próximo lunes en la Audiencia Nacional por integrar el llamado "frente de makos" de ETA.
La multitudinaria manifestación, a la que han asistieron los imputados, entre ellos la abogada Arantza Zulueta y el exsenador de EH Bildu Iñaki Goioaga, contó con la presencia de representantes de esta coalición, encabezados por su coordinador general, Arnaldo Otegi; así como de Podemos Euskadi, de los sindicatos ELA, LAB y CCOO, y de otros colectivos.
Abierta por una pancarta con la inscripción, en euskera, "Derechos Humanos, libertad, futuro. Herrian", la marcha partió pasadas las 17.30 horas de La Casilla y finalizó ante el Ayuntamiento de Bilbao.
Los manifestantes corearon consignas de apoyo a los reclusos de ETA, como "Euskal presoak, etxera" (presos vascos, a casa), aunque principalmente mostraron su apoyo a los imputados con aplausos. Numerosas personas estaban situadas en la calle Autonomía y, cuando pasaba ante ellos la cabecera de la marcha, prorrumpían en aplausos y después se incorporaban a la manifestación.
La abogada Amaia Izko, una de las imputadas en el macrosumario 11/13, ha destacado la respuesta "enorme" que ha tenido la manifestación, en la que, según declaró, "la sociedad vasca ha vuelto a decir que este proceso judicial está fuera de tiempo, de lugar y de medida", además de ser "injusto y absolutamente infundado".
"Por encima de eso -añadió- la sociedad vasca viene a decir que va a seguir avanzando hacia el futuro y no acepta fórmulas y estrategias que nos llevan al pasado".
Izko afirmó que resulta "fundamental una resolución integral a la cuestión de los presos vascos".
En nombre de EH Bildu, la portavoz de este grupo en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, mostró su "solidaridad" con los encausados y dijo que "toda Euskal Herria está a favor" de los 47 imputados.
"Esas 47 personas, si se han caracterizado por algo, es por el trabajo que han hecho por la paz y la convivencia democrática de Euskal Herria", agregó Iriarte, quien consideró que "es el momento de vaciar las cárceles y no de llenarlas".
Al finalizar el acto se leyó el manifiesto elaborado por el bertsolari Jon Maia, en el que se denunciaba el proceso judicial y se recordaba que el fiscal pide un total de 601 años de prisión para los acusados.
El manifiesto llama a responder al deseo de "convivencia, paz y justicia" de la sociedad vasca y a "parar los procesos creados y puestos en marcha en el marco de una lógica de conflicto".
