Fuentes insiste: "son 3.000 los expedientes paralizados en la Gerencia de Urbanismo"

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), piedra de toque de la política municipal, la gestión y el debate público. Hace dos semanas, el alcalde, José María Bellido, anunciaba un "plan de choque para desbloquear 3.000 licencias" cuya tramitación estaba paralizada según el gobierno municipal. En dicho plan, se incluía contratación de nuevo personal, así como el reparto de los expedientes paralizados entre otros departamentos del organismo municipal. 

Un día después de dichas declaraciones, el ex presidente de la GMU, Pedro García (IU), saltaba a los medios asegurando que "no se había diferenciado entre licencias y declaraciones responsables", situando el número de licencias sin tramitar en 944. De este modo, acusó directamente a Bellido de "mentir a los cordobeses".

Poco más tardó el PSOE cordobés en reaccionar. El concejal José Antonio Romero exigió en rueda de prensa al nuevo ejecutivo municipal que el secretario de la GMU, un funcionario, "firmase un certificado en que se especifique el número de licencias sin tramitar y su categoría". Así no habría, asegura, "dimes y diretes" y todos "estarían obligados a decir la verdad". Es una petición que se produce tras cuatro años de gobierno socialista en la ciudad de Córdoba.

Incluso dicho certificado no sería suficiente para Vox. Su portavoz municipal, Paula Badanelli, asegura que "las cifras son tramposas", alertando que "se están usando con fines electoralistas por parte de PP, Ciudadanos, PSOE e IU". Por ello, reclama la contratación de "una auditoría externa para tratar el tema con la seriedad que merece".

El actual presidente de la GMU, Salvador Fuentes (PP), ha afeado la conducta de los socialistas que "han tenido cuatro años para manejar esos datos". Si no los conocían, asegura Fuentes, "me preocupa"; a lo que ha añadido que "si los conocían me preocupa más por la inacción absoluta que tuvo el cogobierno anterior en esta materia".

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Además, el concejal popular entiende que "no tiene sentido" la reclamación del PSOE ya que a él los datos "se los facilitan los funcionarios de la gerencia". Así, Fuentes se ha reafirmado en que la cifra que encontraron era "de 3.000 expedientes paralizados, sistemas informáticos obsoletos y proyectos de vivienda a los que no se había metido mano".