La Plataforma No a la Contaminació denuncia el aumento de emisiones contaminantes en fábricas de la provincia
Castellón
La Plataforma No a la Contaminació denuncia el aumento de las emisiones contaminantes de atomizadores de fábricas azulejeras en la provincia. Desde la plataforma exigen de la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Zona Cerámica.
La Plataforma Ciutadana No a la Contaminacio ha remitido a la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental un escrito en el que solicita la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del plan de Mejora de Calidad del Aire de la Zona Cerámica y Castellón que no se ha convocado desde hace una año.
A través de un vídeo, que pueden ver en nuestra página web, la Plataforma denuncia los repetidos incumplimientos de las autorizaciones ambientales integradas por parte de algunos atomizadores y algunas empresas de fabricación de baldosas en relación a las emisiones atmosféricas que se pueden ver en algunas de sus chimeneas.
En la anterior reunión de la Comisión No a la Contaminació presentó una serie de propuestas que pueden suponer una mejora para evitar las emisiones contaminantes que han venido afectando la salud de los vecinos, en forma de partículas, óxidos de nitrógeno, ozono, cloro y flúor en la zona cerámica y de hidrocarburos en la zona del Grau, Almassora y Castellón capital. Desde la Plataforma consideran que estas afecciones ya han castigado a la población de las comarcas de Castellon desde hace muchos años y que se podría haber evitado si se hubieran aplicado las medidas correctoras que pueden reducir esas emisiones contaminantes.
El portavoz de la plataforma, Toni Albert, considera que "nuestros representantes políticos deben proteger la salud y calidad de vida, obligando a los que anteponen sus intereses, por encima del bien común, la protección de la salud...."
La Plataforma está estudiando llevar a los tribunales a los responsables políticos de esas emisiones, como ya hizo en 2002, ante los incumplimientos de los programas de inspección de las empresas contaminantes y los archivos de las denuncias presentadas, que acaban perdiéndose ante los tribunales autonómicos, por defectos de forma en la tramitación de las mismas por parte del Servicio de Inspección Ambiental.
