El Ayuntamiento de Burgos incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria según el Consejo de Cuentas
En su fiscalización del ejercicio 2016, el órgano auditor resta fiabilidad a la política municipal de subvenciones
Burgos
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega este 15 de julio de 2019 en las Cortes regionales del informe de “Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Burgos, ejercicio 2016”, aprobado en su última sesión plenaria. El trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento y de sus entes dependientes mediante la realización de una auditoría de cumplimiento de legalidad. Entre las conclusiones que arroja el informe se señala que el Ayuntamiento de Burgos incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación del ejercicio 2016. El nivel de deuda supera el límite legalmente previsto (110%) de los ingresos corrientes en la liquidación de 2016, alcanzando el 121,7% al considerar la deuda asumida del Consorcio Variante Ferroviaria y la deuda del Consorcio Villalonquéjar. Estos dos consorcios no han rendido sus cuentas conforme a la normativa vigente y sus indicadores muestran un patrimonio neto ampliamente negativo, según el Consejo de Cuentas.
El Ayuntamiento no dispone de un plan estratégico de subvenciones ni de sistema de seguimiento. Algunos apartados de la Ordenanza de Subvenciones no se adecuan a la legalidad. Se han producido incumplimientos de determinados requisitos en las distintas fases del procedimiento de concesión de subvenciones de forma directa y en concurrencia competitiva, así como en su control financiero. Entre las 18 recomendaciones que hace el Consejo al Consistorio burgalés, está la de continuar controlando y adoptando medidas para reducir su nivel de deuda, considerando la incidencia e importante repercusión que en sus cuentas y resultados tiene el endeudamiento de sus dos consorcios adscritos. El órgano interventor debe ejercer las facultades de control permanente y auditoría pública adecuadas, a fin de evaluar su situación económico-financiera, la eficacia y el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, el procedimiento ordinario para la tramitación de subvenciones debe ser el de concurrencia competitiva y no el de concesión directa.