Agricultores de Lantarón aseguran que sus tierras siguen contaminadas por el vertido de General Química de hace 7 años

Vitoria

En Agosto de 2011 una veintena de agricultores de Lantarón (Álava) descubrieron que sus tierras estaban inundadas de un agua rojiza que arruinó sus plantaciones. Ese agua sospechosa, que había aflorado en los terrenos, procedía del acuífero.

Tras informar del hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Agencia Vasca del Agua realizaron análisis en el acuífero bajo la supervisión del departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Los resultados reflejaron que el agua contenía tolueno, analina y benzotiazol, sustancia químicas procedentes de General Química, una empresa vecina ubicada en el polígono industrial de Zubillaga. La conclusión fue que la contaminación del agua subterránea causó que se también contaminaran las tierras agrarias.

La fuente exacta del vertido fue una fuga en un colector de una tubería enterrada de la empresa General Química, que fue inmediatamente arreglada. La empresa fue obligada por la Confederación a redactar una 'Propuesta de Remediación' para los medios y áreas que se vieron afectados por el vertido, acompañada de inspecciones que continúan en la actualidad. General Química también pagó una sanción grave que le impuso el Gobierno central, aunque los agricultores afectados no recibieron ningún tipo de indemnización.

Carmelo Pérez, uno de los agricultores afectados, llevó el caso a los tribunales.  En declaraciones a la SER Vitoria, afirma que "las tierras agrícolas se utilizaron a modo de tapón para que la contaminación no se extendiera, pero que ellos perdieron años de cosechas y es necesaria una indemnización por los daños causados".

Actualmente, el Plan de descontaminación del acuífero sigue en curso con una monotorización de las aguas supervisada por URA e inspecciones del Órgano Ambiental del Gobierno vasco.

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El problema ahora, según explican fuentes de la Confederación a la SER, es que es necesario instalar una tubería desde el acuífero hasta las instalaciones de la química para que el agua contaminada se pueda depurar. Esa tubería debe pasar por los terrenos de los agricultores afectados y estos se niegan a permitir la instalación de la tubería hasta que no sean indemnizados.