Valencia busca aliados contra el negocio ilegal que echa de los barrios a sus vecinos
La capital del Turia trabaja con otras ciudades europeas para eliminar los apartamentos turísticos que operan fuera de la ley de las grandes plataformas
Dos turistas de camino a su alojamiento / EFE
Valencia
Valencia se ha sumado a una red de ciudades europeas, entre las que figuran París, Cracovia o Berlín, que busca poner coto a la proliferación de apartamentos turísticos. Este modelo de negocio, que busca sacar el máximo beneficio de un inmueble aunque, en muchos casos, no tenga licencias para explotarlo como tal, está provocando una subida masiva en el precio de los alquileres en las capitales. Lo vemos, por ejemplo, en barrios como Ciutat Vella, que están empezando a saturarse. No se trata de prohibir sino de regular para que los vecinos y la actividad turística puedan subsistir.
Una de las formas de atacar directamente el foco del problema son las plataformas como Airbnb donde se concentran la gran mayoría de las ofertas. La llave de actuación la tiene la Comisión Europa y las regulaciones que puedan aportar las instituciones comunitarias dependerán de si desde Bruselas se interpreta que estas plataformas son meros tablones de anuncios (y por tanto, no tiene ninguna responsabilidad) o actúan como agentes inmobiliarios.
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Por eso, esta unión de cooperación entre ciudades pretende abrir el debate en el seno de la UE para alcanzar una tercera vía: de qué manera las plataformas pueden ayudar a las corporaciones locales (con márgenes de competencia limitados) para no desestabilizar sus modelos urbanisticos.
En la Comunitat Valenciana, la Ley de Turismo obliga a que cada una de estas viviendas tenga un número de registro y este aparezca cuando se oferta en cualquier aplicación. Se hace responsable a sus desarrolladores de la información que el particular ofrece sobre el apartamento. De hecho, ya se han producido algunas sanciones, por parte de la Generalitat, que es quien tiene la competencia por incumplir este punto.
Desde el Ayuntamiento de Valencia se impulsó una enmienda a esta normativa, que exigía que para que un apartamento pudiera incorporarse al registro autonómico, se le pidiera un informe de compatibilidad urbanística redactado por el propio consistorio. Una forma de recuperar la competencia a la hora de regular las inscripciones de apartamentos.
Fuentes municipales aseguran que esta medida ha sido clave para frenar en seco la incorporación de viviendas al registro. El año pasado se pidieron 38 informes, de los que solo 17 fueron favorables, otros 8 están en tramite todavía y en lo que llevamos de 2019, se han pedido 104 de los que 20 son favorables y 75 están estudiándose. De esta forma, si las plataformas realmente cumplen con la legalidad, poco a poco se irá depurando el mercado.
Además, cuando el consistorio recibe una denuncia por quejas de ruido o dudosa legalidad - 66 este año hasta la fecha- se inspecciona si realmente hay actividad turística en una vivienda y si esta es legal. En caso de que no, se le abre un expediente sancionador urbanístico a nivel municipal y se pide que se rehabilite el uso residencial. En paralelo, la Generalitat sanciona también por ejercer la actividad turística sin las licencias correspondientes.
