Responsabilizan a las consejeras Uriarte, Celaá, Campos e Iztueta por "inacción" en el fraude de los comedores escolares
La investigación parlamentaria concluye que las familias pagaron 48 millones de más por el encarecimiento ilegal de los menús entre 2003 y 2015
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Vitoria
La comisión del Parlamento Vasco que ha investigado si hubo responsabilidades públicas en la contratación de empresas para gestionar los comedores escolares en Euskadi ha determinado que los máximos responsables políticos de este caso han sido los cuatro consejeros de Educación del Gobierno autonómico desde 2003.
La comisión ha aprobado este martes su dictamen con los votos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, y el rechazo del PNV y el PSE-EE, socios del Gobierno.
La propuesta de dictamen elaborada por la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu), ha sido modificada con las enmiendas de Elkarrekin Podemos, con lo que el texto definitivo, que ahora tiene que ser ratificado en pleno, considera acreditada la concertación de precios entre las empresas adjudicatarias de este servicio con un sobrecoste de entre 70,8 y 80,2 millones de euros.
La comisión ha considerado acreditada la responsabilidad política de las personas que entre 2003 y 2017 han ocupado diferentes puestos en el Departamento de Educación, entre ellos los consejeros: Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna; Isabel Celaá, del PSE-EE, y la actual consejera, Cristina Uriarte, del PNV.
La comisión considera que estos cargos de Educación son responsables de la "inacción" de la Administración ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración.
Se ha aprobado que este quebranto público pudo haber sido de entre 28,7 y 33,7 millones de euros, y que el resto, entre 42,1 millones y 48,5 millones, fue el sobrecoste abonado por las familias a través de las cuotas de comedor.
Esta comisión se creó en febrero de 2018 con el objetivo de analizar si hubo responsabilidades políticas en la contratación de empresas para gestionar los comedores públicos después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impusiera una sanción de 18 millones de euros a 7 empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó posteriormente un 60 % la sanción, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de "reacción, indagación, consulta o prevención" del Gobierno Vasco.
El informe parlamentario considera que el cártel de empresas que se repartía el mercado de comedores escolares y acordaba los precios causó el citado sobrecoste y lo achaca a "la inacción de la Administración", aunque no habla de connivencia entre las empresas y responsables del Gobierno Vasco.
Ugarte ha explicado que pese a que se consideran responsables políticos de lo sucedido a los cuatro consejeros, hay una "mayor responsabilidad" en los gestores a partir de 2013, cuando ya había denuncias públicas y el Gobierno Vasco "hizo caso omiso".
La presidenta de la comisión ha descartado enviar el informe a la Fiscalía porque en el trabajo parlamentario no se han encontrado indicios de delito ni en los niveles técnicos ni en los políticos.
José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha explicado que, en un primer momento, esas responsabilidades políticas se deben traducir en un empeño del Gobierno por "recuperar el dinero de más que se llevaron las empresas" y ha acusado a los actuales responsables de Educación de no haber "hecho nada" por calcular cuánto es ese dinero ni, por su puesto, por recuperarlo.
Carmelo Barrio (PP) ha dicho que estas conclusiones "justifican" el trabajo de la comisión de investigación sobre una "inacción" de la Administración ante la "concertación ilegal de empresas para repartirse el mercado y provocar un quebranto económico" público y a las familias.
David Latzaga, del PNV, ha dicho que el dictamen "carece de rigor" y que la comisión ha pretendido "enjuiciar a los actuales responsables del Departamento Educación", con unas conclusiones "elaboradas de antemano".
Ha explicado que han retirado las enmiendas que habían elaborado conjuntamente con el PSE-EE porque no han querido "participar en la farsa y el teatro" en el que, a su juicio, se ha convertido esta comisión.
José Antonio Pastor (PSE-EE) ha asegurado que es "rotundamente falso" que, como dice el informe, se haya producido un perjuicio a las familias y ha destacado que el marco de la competencia en aquellos años no es el mismo que el actualmente vigente.
