Tramitan la querella de la sargento del Seprona de Lanzarote contra ex mandos de la Guardia Civil
Un juzgado de Tenerife la admite porque entiende que hay indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa en la aplicación de una sanción contra Gloria Moreno
Gloria Moreno, sargento del SEPRONA en Lanzarote. / Cadena SER
Arrecife
El Juzgado Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite la querella interpuesta por la sargento jefe del Seprona en Lanzarote contra dos altos cargos de la Guardia Civil en Canarias, a quienes cita en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que ha asesorado en la presentación de la querella, apunta en un comunicado que la Sargento fue sancionada por la queja del director del Centro Insular de La Graciosa tras una pregunta, en el Consejo Insular de Caza el día 7 de junio de 2017, por la situación de siete gatos asilvestrados en esa isla, ya que le había informado una protectora de animales de su captura, como especie no autóctona, y no se conocía lo que se había hecho con ellos.
El contenido de la queja fue interpretada por el entonces Coronel Jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas como una actitud "desconsiderada e incorrecta", por lanzar una pregunta genérica en público e insistir en obtener a continuación una suerte de confesión sobre una presunta actuación irregular.
La sargento recurrió la sanción calificada de leve al por entonces General Jefe de la Guardia Civil en Canarias, aportando versión contradictoria y copia de la grabación oficial en CD del desarrollo de la reunión institucional. Entonces, el General desechó -según consta en la querella--, la admisión como prueba de la escucha de la conversación oficialmente grabada, y ratificó la sanción.
Fue esto lo que motivó que la sargento formulara una demanda contenciosa disciplinaria militar ante el Tribunal Territorial Militar de las Canarias, por ser competente esta jurisdicción contra las sanciones impuestas a guardias civiles, y tras un procedimiento sumario y preferente por alegación de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y la legalidad, el Tribunal acordó anular la sanción por vulneración de estos derechos.
Así, en el relato fáctico y jurídico de la sentencia, tras escuchar la conversación grabada el Tribunal, consideró que la sargento no preguntó dos veces al Director del Centro Insular de La Graciosa, sino solo una vez, que en modo alguno le faltó al respeto, como le censuraba el mando sancionador, y que igualmente era incierto que ella le dijera que iba a abrir una investigación por la desaparición de los siete gatos asilvestrados en la isla.
NO HUBO TRATO DESCONSIDERADO
Además, expone que en la conversación no hubo trato desconsiderado, desatento o incorrecto hacia el director del Consejo Insular, por lo que se constataba que había sido sancionada por hechos inexistentes y que, además de haber existido, no tenían encaje en ningún supuesto infractor disciplinario.
La sentencia declarada firme, es la que se tiene por referencia para considerar la sanción como un acto injusto evidente, patente, flagrante y clamoroso, adoptado por un funcionario o autoridad, de arbitraria y caprichosa forma, constituyendo un abuso de poder contra los propios intereses generales de la Administración.
Este acto, indica IGC, fue "voluntario", y no estuvo basado en una interpretación normativa generalmente aceptada, por lo que, según la querella, actuó a sabiendas de la injusticia de su resolución, lo que se extiende al por entonces General Jefe de la Guardia Civil, cuando no admitió escuchar la grabación oficial, como prueba legalmente obtenida, y ser el medio del que hacerse un juicio de exactitud. "Arbitrariedad igualmente adoptada a conciencia de su injusticia, pues era pertinente, al tener relación directa con los hechos, y ser esclarecedora", señala.
Por todo ello, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife incoa diligencias previas por el presunto delito de prevaricación administrativa y ha citado en los próximos días como investigados a los anteriores dirigentes de la Guardia Civil en Canarias y en la provincia de Las Palmas, para la toma de manifestación.
Además, el letrado que representa los intereses de la sargento y de su organización profesional ha solicitado el procesamiento de los investigados y el pago de una fianza por importe de 1.000 euros a cada uno de ellos, para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias.
IGC valora la apertura de diligencias previas de investigación sobre los querellados, y considera que hay "indicios racionales" para el procesamiento y que una vez finalizado el procedimiento instructor, se eleve al juicio del Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, y resuelva sobre el presunto delito.
La asociación quiere concienciar a las autoridades sobre la dificultad que tienen los guardias civiles para acreditar que pudieran ser víctimas de un delito, o cuando menos no ser merecedores de sanción alguna, ante expedientes instados por sus jefes, si como en este caso, no disponen de grabación auditiva o gráfica que revela la exactitud de los hechos, lo que exige el propio régimen disciplinario para poder sancionar.
PIDEN SER MÁS CAUTELOSOS CON LAS SANCIONES
Por ello, entiende que hay que ser "más que cautelosos" en la imposición de sanciones, que "amén de no reducir la conflictividad, ni lograr con ello la disciplina y subordinación, llevan a la Guardia Civil a niveles de bajas médicas de casi el 8% de su plantilla, en porcentaje que casi dobla al del Cuerpo Nacional de Policía, y lleva a situaciones de sufrimiento, consecuencia de verse como víctimas de la injusticia, trato degradante, o discriminatorio, que no pueden probar, cuando así ocurra".
"Tampoco es lógico", indica, que personas como la sargento "se vean sometidas a numerosos expedientes disciplinarios, aunque se terminen archivando, pues ello es también un indicio que vendría a corroborar la presunta comisión del delito de prevaricación administrativa".
Y en cualquier caso, apunta, "si un guardia civil en un momento determinado comete un error doloso o negligente grave, en sus intervenciones profesionales, que pueda considerarse delito, ello no debe dar carta de libertad para someterlo a contantes expedientes disciplinarios, ni llevarle a una situación límite que le desborde para afrontarlo".
IGC desea que los protocolos para prevenir el acoso laboral sirvan para evitar situaciones como la de la sargento del Seprona de Lanzarote, para reducir también los suicidios de guardias civiles y para detectar a posibles maltratadores morales y psicológicos patológicos, que pudieran existir dentro de la Guardia Civil.
