La juez del caso desaladora suspende todas las declaraciones de testigos que había previstas para la próxima semana
Cadena SER
Murcia
La titular del juzgado de instrucción número 5 de Murcia, tras conocer el auto dictado por la Audiencia Provincial revocando la declaración de complejidad en las diligencias del caso La Sal, ha acordado suspender las sesiones previstas para los días 12,13 y 14 de junio. Tenían que pasar por el juzgado en calidad de testigos, Miguel Angel Cámara ( ex alcalde de Murcia), Pilar Barreiro (ex alcaldesa de Cartagena), María Antonia Conesa ( ex alcaldesa de Fuente Alamo), José Salvador Fuentes Zorita ( ex presidente de la CHS), Eduardo Garro (interventor general de la Comunidad), Francisco Ferrer ( ex director de los servicios jurídicos) y el abogado Gaspar Ariño, como responsable del gabinete jurídico que en su día emitió varios informes para el Ente Publico del Agua (EPA).
En una providencia, notificada hoy, aclara que "esta decisión no implica el archivo de las actuaciones" y señala que el próximo trámite procedente es dictar una resolución en la que, con las diligencias de investigación practicadas, se decida si el hecho es constitutivo de infracción penal y aparece suficientemente justificada su perpetración.
El siguiente paso será, por tanto, el sobreseimiento definitivo o un auto con el que se de paso al juicio oral.
Recordamos que en el caso Desaladora se investiga si la gestación y construcción de esta planta en tiempos del ejecutivo Valcárcel pudo suponer un perjuicio millonario para las arcas públicas debido a los compromisos que se asumieron con las empresas constructoras.
Esta semana la Audiencia Provincial ha dictaminado que el 'caso La Sal' había superado de uno de los plazos legales que marca la ley para concluir la instrucción o establecer una prórroga por la complejidad del asunto juzgado.
Este mismo problema, derivado de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya ha provocado en los últimos tiempos que dos presuntos casos de corrupción, ACAL y PASARELAS hayan acabado recibiendo un carpetazo, con la consiguiente exculpación de las personas que se encontraban encausadas en esas diligencias.
¿Qué dice la fiscalía?
La Fiscalía de la Región de Murcia considera que la causa abierta en 2016 para investigar la posible comisión de ilícitos penales en torno a la Desalinizadora de Escombreras, promovida por la Comunidad Autónoma, no corre peligro por el auto de la Audiencia Provincial que anula la ampliación del plazo de instrucción acordada por el juzgado por ser acordada fuera de plazo.
En opinión del ministerio fiscal, aunque hay pruebas pendientes de practicar que ya no se podrán llevar a cabo en cumplimiento del acuerdo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, la causa cuenta con elementos probatorios suficientes sobre los que basar la acusación.
Entre esos elementos figuran tanto las declaraciones de los investigados, que se realizaron dentro del periodo de instrucción de seis meses, como los documentos que ya fueron incorporados a la misma.
Entre los investigados que declararon en esa condición se encuentra el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, que pasó por el juzgado que instruye la causa dentro del citado plazo de seis meses, que expiró el pasado septiembre.
Por otra parte, aunque no se podrá practicar la prueba testifical prevista para la próxima semana, en la que iban a intervenir, entre otros, varios exalcaldes de municipios como Murcia y Cartagena, la investigación no se resentirá por ello, ya que los mismos serán llamados al juicio.
La fiscalía, han añadido las fuentes, se opondrá al archivo de las actuaciones si las defensas lo pide, postura que es la que mantiene desde hace meses.
Con el material probatorio que se contiene en las actuaciones, se considera que el archivo de las actuaciones nunca sería posible.
Tras el auto de la Audiencia, hecho público ayer, la magistrada que dirige las investigaciones deberá decidir si acuerda el sobreseimiento de las diligencias, cosa harto improbable, o si continúa la tramitación prevista en la ley para la apertura del juicio oral.
En aquel auto, el tribunal señalaba al estimar el recurso presentado por las defensas de varios investigados que solo podía pronunciarse sobre la anulación de la ampliación del plazo de instrucción.
Pero dejaba abierta la puerta a que los letrados defensores pudieran plantear, "en el momento procesal adecuado", las cuestiones relativas a la validez de determinadas diligencias o a la prescripción de los delitos.
Esos delitos son los de malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, falsedad documental y delito societario.
Javier Ruiz Martínez
Redactor de temas de sociedad, ciencia e innovación en la SER. Trabajo en el mejor trabajo del mundo:...
