El Supremo obliga a valorar los puestos de trabajo en Administración Justicia
Según ELA, la situación hasta ahora supone una merma de una media del 20% del salario de 2.400 trabajadores, lo que se traduce en 15 millones anuales
ÓSCAR J.BARROSO/EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)
Bilbao
El sindicato ELA ha ganado un recurso de casación en el Tribunal Supremo que obligará al Gobierno Vasco a valorar retributivamente los puestos de trabajo de la Administración de Justicia, lo que abre la puerta a su equiparación al resto del funcionariado.
En un comunicado, ELA ha detallado que esta sentencia del Tribunal Supremo es fruto de una reclamación del sindicato contra la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) de la oficina judicial de Barakaldo, pero, como fija doctrina, afecta a toda la Administración de Justicia de todo el Estado.
Según el sindicato, el Supremo da la razón a ELA y reconoce que, al elaborar las RPTs, necesariamente hay que determinar la cuantía individualizada del complemento específico de todos los puestos de trabajo, mediante su valoración y en función de su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.
Esa valoración de los puestos de trabajo debía de estar realizada desde 2012 para los cerca de 2.400 funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia y desde 2010 para el Cuerpo de Médicos Forenses.
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Según ELA, el hecho de no estar calculados los complementos ha supuesto dejar de abonar unas retribuciones, según categorías, de alrededor de un 20 % de media al personal de Justicia en Euskadi, lo que puede ascender a un total anual de unos 15 millones de euros.
Por ello, ELA exige el inmediato cumplimiento del mandato judicial y que el Gobierno Vasco ponga en marcha un proceso de valoración que termine de discriminar al personal de Justicia respecto del resto de empleados públicos de su administración.
Según el actual acuerdo que regula las condiciones de trabajo de la plantilla, firmado en 2010, fruto de la valoración de los puestos se debe producir "una equivalencia retributiva y distributiva similar a la media de niveles en la administración pública vasca".
