Primera sentencia contra las inmobiliarias que reclaman daños y perjuicios por la anulación de las macrourbanizaciones
El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso de la promotora de las 16.000 viviendas en Prado-Palacios
Agencia Ical
Valladolid
Las promotoras inmobiliarias que concibieron pingües beneficios cuando en la época del boom de la construcción proyectaron las áreas homogéneas -macrourbanizaciones alejadas del centro de la ciudad- han recibido un jarro de agua fría con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Sentencia favorable para el Ayuntamiento de Valladolid en materia de urbanismo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima el recurso de la inmobiliaria Algom que solicitaba una indemnización de 621.000 euros . La empresa reclamaba daños y perjuicios por la anulación del área homogénea 1, Prado-Palacios.
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Manuel Saravia interpreta en la SER la sentencia del TSJCYL sobre la indemnización solicitada por las inmobiliarias por la anulación de las áreas homogéneas
En la sentencia se establece que "el Plan no tiene naturaleza de acto administrativo, como lo son las licencias urbanísticas o ambientales o sus equivalentes, que habilitan la realización de obras y actividades".
En definitiva, que la inmobiliaria no tiene ningún derecho por el cambio del modelo urbanístico desde que en 2015 gobierna el PSOE y Valladolid Toma La Palabra ."No existen derechos adquiridos", según explica en la Cadena SER el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien se congratula de que el PGOU de 2004 pase a la historia y en su lugar se desarrolle el urbanismo junto a la ciudad ya existente.
Ecologistas
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Prado-Palacios (Área Homogénea 1) es un espacio de 664 hectáreas ubicado junto a la A-62, entre los términos municipales de la capital, Fuensaldaña y Villanubla. En ese "suelo urbanizable no delimitado" se pretendían construir 15.687 viviendas.
En 2016 el Tribunal Supremo ya se pronunció en contra.
En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se alude al "riesgo empresarial" como algo consustancial a la actividad económica de las empresas, según constató en su día el Consejo Consultivo de Castilla y León cuando desestimó la "responsabilidad patrimonial".
Además, se condena a la empresa a pagar las costas procesales, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero el Alto Tribunal ya anuló esa área homogénea hace tres años.
