El Consejo de la Transparencia lleva a la Fiscalía la violación de su correspondencia por parte del Gobierno regional

Murcia

La guerra entre Comunidad Autónoma y Consejo de la Transparencia sigue abierta. El último capítulo ha sido, en palabras del presidente del Consejo, José Molina, una violación de su correspondencia, de ahí que se vaya a trasladar este caso a la Fiscalía para que sea investigado.

Se refiere Molina a la carta que les remitió el Defensor del Pueblo, dando respuesta a sus quejas sobre el funcionamiento de este organismo autónomo y el trato que recibía del Gobierno regional.

La carta, dice, llegó vía San Esteban, abierta con un abrecartas y pegada con cinta adhesiva. Al comprobarlo, pidieron a un notario que levantara acta y se va a derivar el caso a la Fiscalía.

La decisión la comunicó Molina al Pleno del Consejo, celebrado ayer, y una mayoría de consejeros de este organismo apoyaron la iniciativa de remitirlo a la Fiscalía.

En su carta, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reprocha al Gobierno regional la falta de medios personales y materiales con los que cuenta el Consejo para ejercer sus funciones de transparencia de la administración regional. Una falta de recursos, que "impide el desempeño de las funciones asignadas", señala el Defensor del Pueblo.

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Por otra parte, José Molina ha contado en la SER cómo, en el desarrollo del pleno de ayer, uno de los consejeros, del cual no ha desvelado el nombre, denunció la autorización del pago de honorarios de la defensa judicial del expresidente Pedro Antonio Sánchez por parte de la Dirección General de la Función Pública.

Desde la Comunidad Autónoma, la Directora General de la Función Pública ha negado que esta Dirección General "haya pagado ni un céntimo de euro para la defensa de Pedro Antonio Sánchez". Carmen María Zamora lo ha hecho a través de twitter: "No existe ni ha existido nunca un pago", dice.

Preguntado al respecto, el presidente de la Región y candidato del PP a las autonómicas, Fernando López Miras, ha negado que la Comunidad Autónoma haya pagado la defensa legal de su antecesor en el cargo. "El Gobierno no ha pagado ni un céntimo en la defensa de Pedro Antonio Sánchez", ha afirmado el presidente, que ha añadido que "tampoco hay ni ha habido solicitud alguna para que eso se haga".

Desde Ciudadanos han denunciado, por un lado, las trabas del Gobierno Regional al Consejo de la Transparencia, que le están forzando a incumplir los plazos legales. Por otra parte, Juan José Molina ha pedido que se aclare si se cargó al presupuesto regional la defensa legal de PAS en asuntos ajenos a su desempeño como presidente autonómico.

Desde Cambiar la Región, el candidato José Luis Álvarez-Castellanos considera un "escándalo" esos supuestos pagos, y pide una aclaración urgente.