La Junta solicita el archivo de la macrocausa de los avales para los ex altos cargos

Sevilla

Los abogados de la Junta de Andalucía, al contrario que el PP y la Fiscalía, solicitan a la jueza Núñez que archive la macrocausa de los avales en lo que respecta a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos "por haberse desvanecido" los indicios que dieron lugar al procedimiento. Delitos por los que están siendo investigados desde hace más de cuatro años diferentes ex altos cargos de la Junta, como el exconsejero Martín Soler o el exdirector de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete.

El gabinete jurídico del Gobierno andaluz, formado por el PP y Ciudadanos, cree que "en todo caso se puede observar que algunas empresas han podido cometer un supuesto delito de fraude de subvenciones". Fraude que consistiría en no haber manifestado ante la administración, cuando solicitaron los avales, que habían recibido otras subvenciones de la Junta incompatibles con ellos. En algún caso dinero de la partida 31L.

En el escrito presentado ante el juzgado, la Junta no ve ni siquiera necesario que la Guardia Civil y la Intervención General del Estado elaboren atestados o informes, como tienen encomendado. Los letrados explican que "la comisión de valoración y los órganos autorizadores de las diferentes ayudas no se apartaron de los criterios contenidos en los informes técnicos a los efectos de conceder las ayudas". Y entienden que "no existe indicio de que los miembros de los órganos encargados de autorizar las ayudas tuvieran conocimiento de que se hubiesen falseado las solicitudes presentadas por las empresas". "Así las cosas, no concurren en los solicitantes del sobreseimiento indicios de comisión de los delitos de prevaricación y malversación y se hace prescindible la práctica de las diligencias pendientes (atestado de la UCO e informe de la IGAE)", concluyen. Esos solicitantes del sobreseimiento son los exaltos cargos que pidieron el archivo de la causa hace un año.

La jueza Mercedes Alaya abrió este procedimiento, derivado de los ERE, al entender que los créditos o avales dados por la agencia pública IDEA a diferentes empresas a partir de 2008 pudieran haber generado menoscabo de fondos públicos. Fueron avales a empresas que superaban en cuatro veces su techo presupuestario.

Alaya encomendó la investigación a la Guardia Civil y ordenó realizar una pericial a los peritos de la Intervención. Esta pericia debía determinar si el Consejo de Gobierno y el Consejo Rector de la Agencia IDEA autorizaron las ayudas, y si el consejero de Hacienda tuvo conocimiento de ellas. También tenía que determinar si la Unión Europea tuvo conocimiento de las mismas y si las empresas beneficiarias presentaron garantías suficientes para recibir el dinero público. Además, les pedía analizar si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.

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Esas periciales, cuatro años después, todavía no han llegado al juzgado. Tanto la Guardia Civil como la Intervención han señalado en el último año que el juzgado no les ha remitido la información necesaria para hacer su trabajo, según recoge un escrito del Partido Popular en el que piden a la Audiencia de Sevilla que deduzca testimonio contra la jueza María Núñez; por si "la nula actividad instructora" en la causa pudiera constituir un delito de prevaricación judicial y otro de retardo malicioso en la administración de Justicia. La Audiencia en diferentes autos ha dicho en estos años que el juzgado debía requerir esos informes a los peritos, como reiteradamente había solicitado la Fiscalía.

La posición del Gobierno andaluz en esta macrocausa nada tiene que ver con la que mantiene el Partido Popular, a pesar de que el PP conforma el Gobierno junto a Ciudadanos.

María Nüñez se hizo cargo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla cuando Mercedes Alaya consiguió una plaza de magistrada en la Audiencia.