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Demolición edificios

El Gobierno cuantifica en 54 millones las indemnizaciones por los derribos

Tendrá derecho a ellas los propietarios de 363 viviendas con sentencia de derribo que no pueden ser legalizadas

La vicepresidenta de Cantabria se reunió este miércoles con los representantes de AMA. / Gobierno de Cantabria

La vicepresidenta de Cantabria se reunió este miércoles con los representantes de AMA.

Santander

El Gobierno de Cantabria ha valorado en 54 millones la cuantía de las indemnizaciones, que corresponden a los afectados por las 363 viviendas con sentencia firme de derribo, según ha comunicado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, al presidente de la AMA, Antonio Vilela, durante la reunión que han mantenido en la sede del Ejecutivo autonómico.

Esta cantidad es el resultado de un informe técnico de valoración, elaborado con criterios exclusivamente objetivos y de mercado, y sin tener en cuenta los costes de los derribos de las viviendas ni los gastos de las correspondientes mudanzas.

Tampoco está incluida en esta cantidad el crédito de 11 millones de euros que el Gobierno de Cantabria ha reservado para ejecutar las viviendas de sustitución de las 102 que aún tienen que derribarse en La Arena (Arnuero), ha informado, en un comunicado, el Gobierno regional.

Según ha explicado la vicepresidenta a los miembros de la asociación, a los que ha entregado un ejemplar resumido de ese informe, se trata del primer paso para la elaboración de un expediente de reajuste del gasto "necesario para garantizar una justa indemnización a los afectados".

Díaz Tezanos ha precisado que ya existe retenido crédito suficiente para ello, con cargo al Fondo de Derribos, por el Consejo de Gobierno, entre los ejercicios 2019-2025.

"Este informe permitirá, tras una primera e inmediata ronda de contactos con los propietarios afectados, reajustar los expedientes plurianuales para afrontar los gastos del citado Fondo de Derribos y asegurar, desde un primer momento, y con independencia de la fecha que se señale para el pago, el cobro de la cantidad asignada a cada vivienda por cada uno de los afectados siempre y cuando estén de acuerdo con esa cantidad fijada", ha precisado la vicepresidenta.

Díaz Tezanos ha explicado a los representantes de AMA que, una vez establecido el calendario de pagos con el horizonte temporal del año 2025, se les convocará para cerrar los acuerdos correspondientes, de acuerdo con un procedimiento que se les ha detallado durante el encuentro.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha opinado que, de esta forma, el Ejecutivo "cumple", a su juicio, el mandato del Parlamento de Cantabria, que instó al Gobierno a dar una solución definitiva a los afectados por sentencias de derribo a lo largo de este año".

"El Gobierno de Cantabria viene observando el deber inexcusable de ejecutar las sentencias judiciales, pero a la vez atiende a las personas afectadas, que obraron de buena fe, y ha tratado de reducir los perjuicios económicos derivados de la irregular gestión de algunos mandatarios públicos hace décadas", ha reconocido la vicepresidenta.

AMA valora positivamente y ve como un 'importante paso' la creación por parte del Gobierno de Cantabria de un Fondo Plurianual de 54,1 millones para hacer frente a las indemnizaciones a los propietarios de viviendas con sentencias de derribo --363 en la comunidad autónoma--- y considera que supone iniciar 'un camino real' para resolver su problema.

AMA considera que la creación de este fondo plurianual 'dota de contenido presupuestario a los convenios entre afectados y Gobierno' que, según señala, al no haber contado hasta ahora con él, se habían convertido 'en un brindis al sol'.

También considera que, con todo, 'son muchas las incógnitas que quedan por resolver', como qué ocurrirá con los afectados que no tienen convenio en este momento.

Además, a juicio de AMA, las valoraciones que se hacen 'en muchos casos son mejorables' y, según apunta, 'no responden' a lo aprobado por el Parlamento de Cantabria sobre la petición de que no hubiera pérdida de patrimonio de los afectados.

 
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