Abierto juicio oral contra el alcalde de Llíber por la estafa de 300 licencias urbanísticas

Alicante

En Llíber, la candidatura del Partido Popular a las próximas municipales puede dar un giro, puesto que según ha podido saber Radio Alicante, se ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el actual alcalde, el popular José Juan Reus, que opta a la reelección, por un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Se da la circunstancia de que esta lista que encabeza Reus, fue la elegida por el hasta hace poco responsable de Transparencia en el Partido Popular, César Sánchez, referente de Pablo Casado en la Comunitat, para ir como número 3 y así optar a repetir en la presidencia de la Diputación de Alicante.

Reus está procesado en una causa donde otros dos exalcaldes, así como varios promotores, funcionarios y un arquitecto municipal están también investigados por falsedad documental, cohecho, negociaciones prohibidas y estafa agravada, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia.

La instrucción de la causa ya está terminada y solo queda que se presenten los escritos de defensa para que la Audiencia Provincial pueda enjuiciar un asunto que arrancó entre los años 2000 y 2003, cuando el Ayuntamiento de Llíber, donde Reus era entonces concejal, concedió 292 licencias en parcelas de suelo no urbanizable.

Las licencias se otorgaron para una supuesta reforma o restauración de edificios, pero en la mayoría de los casos, tales construcciones no existían y lo que en realidad se hizo fue intentar construir viviendas de nueva planta, que se promocionaron en Reino Unido, con una apariencia de legalidad que no tenían.

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Bernardo del Rosal, el abogado que defiende a los hasta 109 denunciantes que se unieron en la asociación Abusos Urbanísticos Llíber No, sostiene en su escrito de acusación que las licencias que aprobó el pleno de Llíber no se correspondian con el objetivo real; además, no tenían la superficie mínima para construir en suelo no urbanizable, ni contaban con autorización de la Conselleria. Como consecuencia, los afectados desembolsaron "grandes cantidades de dinero a cambio de, en el mejor de los casos, viviendas sin las condiciones mínimas para ser habitadas".

Y subraya en su escrito que "todas estas irregularidades se pudieron llevar a cabo", al ser sus clientes "engañados por los constructores", pero con la necesaria "colaboración de la mayoría de los miembros del pleno", ya que era "indudable" que los miembros del Ayuntamiento de Llíber investigados "conocían las irregularidades que estaban cometiendo al otorgar las licencias". De hecho, en algunas de las operaciones era el propio alcalde o concejales los que vendían la parcela, sostiene.

La pena que pide para José Juan Reus, así como para otros exediles y funcionarios es de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial para cargo público por nueve años, lo que le impediría seguir como alcalde, adémas de una multa de más de 4.000 euros.

Por ello, lamenta Del Rosal que aunque el fiscal mantenga su acusación contra los políticos, ésta haya sido recientemente retirada por la asociación de afectados a la que él representa.

Añade que aunque hace ya dos años que los denunciantes presentaron el escrito de acusación, no ha sido hasta hace poco cuando lo ha hecho el fiscal en una causa que ha ido acumulando retrasos con sucesivos cambios de magistrados.

Aunque las defensas tienen solo 10 días desde que se produce el traslado de los autos para presentar sus respectivos escritos, el problema es cuándo se pueda dar el traslado de éstos, con lo que la apertura de juicio oral -se teme- podría retrasarse aún meses.

En la actualidad, los 9 concejales del ayuntamiento de Llíber son del PP, ya que en las anteriores municipales la suya fue la única lista en presentarse.

Expediente informativo

Por su parte, el Partido Popular ya ha abierto expediente informativo a los implicados, tal y como marcan sus estatutos. Puesto que todavía caben recursos, el expediente disciplinario se les abrirá con la apertura firme de juicio oral en espera de la sentencia.