Casi 6.000 asturianos esperan la valoración de la dependencia para recibir alguna prestación
La Asociación de Centros Geriátricos de Asturias denuncia en un informe la desigualdad territorial a la hora de valorar la dependencia y determinar las prestaciones
En Asturias casi 6.000 personas esperan la valoración de la dependencia que les permita acceder a alguna de las prestaciones recogidas por la Ley. / Cadena SER
Oviedo
En Asturias, según la Asociación de Centros Geriátricos del Principado (ASCEGE), los problemas de la aplicación de la Ley de Dependencia se derivan fundamentalmente de la falta de financiación, que entre otras cosas genera que haya casi 6.000 personas dependientes a la espera de valoración. Es una de las conclusiones de un informe presentado por esta asociación y la patronal nacional del sector CEAP.
Este informe denuncia lo que llaman “el caos de la Dependencia”. Caos que se refiere al hecho de que hay 19 interpretaciones de la Ley de Dependencia, tantas como comunidades autónomas. Cada comunidad tiene por tanto un modelo diferente, con criterios diferentes tanto para determinar quién y en qué grado es dependiente, como a la hora de asignar el tipo y la cuantía de las prestaciones.
Además de la desigualdad territorial el informe señala la falta de financiación como principal problema de la dependencia, y lo que más lastra en el caso de Asturias la aplicación de una ley por la que el Estado debería estar aportando el 50% de la cuenta total, tal y como ha recordado Arsenio Alonso, presidente de ASCEGE.
En negativo el documento presentado señala que en Asturias se dan pocas prestaciones económicas vinculadas a la prestación de servicio. Con este tipo de ayudas las personas dependientes y sus familias están copagando básicamente plazas residenciales, o en centros de día. En Asturias las reciben 2.491 personas, el 6% de los dependientes.
En positivo se destaca la buena red de atención residencial del Principado, con una dotación de plazas por encima de la media nacional, y que el 31% de esas plazas son de titularidad pública, lo que facilita el control de los recursos.
