Cofely generó 60.000 euros de mordida para Bartolomé González

Alcalá de Henares

La empresa Cofely, objeto de una pieza judicial separada del Caso Púnica por los presuntos sobornos a políticos a cambio de contratos públicos, acordó y generó facturación falsa para una mordida de 60.000 euros dirigida al exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González.

En un exhaustivo informe al que ha tenido acceso SER Henares, el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, asegura que las coincidencias de la extensa documentación analizada "dan sentido y credibilidad a las declaraciones de David Marjaliza". El principal investigado en el Caso Púnica declaró ante el juez en junio de 2015 que "hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González, que hoy es diputado en la Comunidad Autónoma de Madrid, que el acuerdo fue de 60.000 euros". El informe concluye que la trama corrupta, en concreto el extrabajador de Dalkia y Director de Mercado Público en Cofely España, Pedro García Pérez "habría acordado el pago de 60.000 euros con el exalcalde en el Ayuntamiento Bartolomé González, tal y como David Marjaliza declaró en sede judicial".

En su informe del 13 de septiembre de 2016, que forma parte del sumario por el que se señala como investigados a 57 personas, la UCO detalla cómo se gestó la "posible utilización arbitraria de los criterios de adjudicación" preparando ad hoc los pliegos de condiciones tanto técnicos como administrativos del contrato para la 'Gestión Energética y Mantenimiento de seis colegios públicos y dos ciudades deportivas municipales' por un importe inicial de 932.000 euros anuales. Los investigadores concluyen que los directivos de Cofely participaron en la preparación tanto de los pliegos iniciales, como del informe externo que en el año 2013 sirvió para desbloquear la adjudicación.

Según la investigación, David Marjaliza remitió a Pedro García el 14 de noviembre de 2013, desbloqueada la adjudicación, un archivo con varias tablas en las que se simula el cuadro de amortización de un préstamo "que es el pago que había que hacer en Alcalá de Henares" tal y como declaró Marjaliza en sede judicial. Explicó, entonces, que Pedro García le pidió 60.000 euros para pagar a Bartolomé González.

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Un presupuesto en blanco

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El informe que la Guardia Civil presentó al juez explica, detalladamente, cómo se generó el pago de los 60.000 euros. Esa era la cantidad que había que desbloquear, y para ello utilizaron como pantalla la empresa Construcciones y Reformas De la Peña. La documentación aportada muestra cómo esta empresa envió a Cofely "una factura en blanco para ser rellenada". Un modelo de factura que, según las propiedades del archivo informático, fue creado por Ana Ramírez, trabajadora y estrecha colaboradora de David Marjaliza. Ramírez, en su declaración ante el juez, explicó que ella "tenía dinero en efectivo en la caja fuerte. Marjaliza le pedía el dinero y ella lo preparaba y se lo entregaba. Algunas ocasiones iba Pedro García. En concreto, le parece que le entregó cantidades en relación a Alcalá".

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La UCO señala el "uso discrecional y arbitrario de Construcciones y Reformas De la Peña en sus relaciones con Cofely, hasta el punto de que hubiera sido Cofely quien elaboró el presupuesto". Un documento que fue rellenado con supuestas obras en cada uno de los seis colegios y dos ciudades deportivas objeto del contrato, cuyo montante total sumó 60.000 euros. Todo ello, la elaboración del archivo, el envío del modelo en blanco y la elaboración del detalles e importes por parte de Cofely "tuvo lugar el mismo día".

Durante su declaración judicial, David Marjaliza apuntó que "Eduardo De la Peña, los primeros meses de vida del contrato de servicios energéticos hacía las obras y que ahí había algo inflado en el precio. Que los pagos a los alcaldes los hacía él (...) y posteriormente con Construcciones De la Peña recuperaba esos pagos".

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Obras inexistentes

Las obras presupuestadas en aquel documento nunca se hicieron. El 18 de febrero de 2016, la UCO pide al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, respecto a los trabajos recogidos en el presupuesto, "cualquier tipo de información acerca de la ejecución" de las obras. Poco después, el consistorio remite un informe de la Dirección de Área de Obras y Servicios en el que menciona que "en la copia del libro de empresas subcontratadas por Cofely España (...) no figura en la relación de subcontratas" Construcciones y Reformas De la Peña. Y, además, "se pudo comprobar que los conceptos recogidos en el presupuesto no se corresponden con los trabajos ejecutados".

Concluyen los investigadores, por estos y otros numerosos detalles de las derivadas del caso explicados en su informe, que los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.

Como diputado autonómico, indican los investigadores al juzgado de instrucción que la autoridad judicial competente para conocer los delitos que pudiera haber cometido sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bartolomé González no se encuentra entre los 57 investigados por el Juzgado Central de Instrucción nº6 de Madrid en la pieza separada del Caso Cofely. El exalcalde anunció en 2016 una querella por injurias y calumnias contra David Marjaliza.

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