Imputado un alto cargo de la Xunta por prevaricación ambiental

Santiago de Compostela

El director general de minas de la Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces, tendrá que comparecer como imputado en un procedimiento abierto por un presunto delito de prevaricación ambiental en relación con la explotación de la mina de San Finx en Lousame.

Tal y como hemos avanzado en la Cadena SER, Tahoces declarará como imputado el próximo 2 de mayo, deberá responder por su actuación en la reapertura de la mina de San Finx, proceso en el que se han detectado numerosas irregularidades. La ausencia de un estudio de impacto, el vertido de aguas residuales sin ese estudio, la falta de control y omisión de sanción en los vertidos de aguas de la mina, y la elusión de responsabilidades por el estado de las balsas mineras.

Esas dos balsas contienen metales pesados que podrían tener efectos cancerígenos. Según la documentación aportada en el juzgado, Tahoces resolvió aprobar la reapertura de la mina, que ya había operado en diversas ocasiones durante el siglo XX, sin exigir un nuevo estudio de impacto ambiental.

Desde Plademar, la plataforma en defensa de la ría de Muros y Noia, llevan años peleando contra la reapertura de esa mina. Su portavoz, José Romarís, advierte de que los lodos acumulados en esas balsas son un auténtico peligro para el marisqueo de la zona. Se pregunta cómo es posible que la empresa haya podido conseguir autorización sin aportar el estudio de impacto ambiental.

La Fiscalía presentó en 2017 una denuncia en el juzgado de Noia en la que también está personada la asociación ecologista Verdegaia. Según el Código Penal, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente pueden acarrear penas de prisión de 2 a 5 años tanto para quien provoca la contaminación como para quien la permite.

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