Funcionarios desiguales
Reclaman equiparación salarial con sus homólogos de autonomías con las competencias transferidas que cobran hasta 600 euros más al mes
Burgos
Los funcionarios de la Administración de Justicia de Burgos han vuelto a salir a la calle para exigir al Ministerio de Justicia la equiparación salarial con los de las autonomías con las competencias transferidas, que cobran una media de 350 € más al mes y en algunos casos llega a los 600 € de diferencia. El presidente de la Junta de Personal, Alberto Arroyo, recuerda a los partidos políticos que el próximo gobierno seguirá teniendo sobre la mesa este problema que discrimina a los empleados de las autonomías que dependen del Ministerio. Pretenden en este periodo pre-electoral arrancar compromisos a las fuerzas políticas y mantener viva la reivindicación que llevan sosteniendo desde hace más de un año. Los representantes sindicales recuerdan que, aunque haya comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia, todos los funcionarios de la Administración de Justicia forman parte de cuerpos nacionales, con la misma forma de acceso y promoción y mismas funciones y responsabilidades, por lo que las diferencias retributivas no están en absoluto justificadas. Debe regir el principio de 'a igual trabajo, igual salario', dice Ricardo Capilla, de UGT.
El sindicato de trabajadores de Justicia, STAJ, CSIF, UGT y Comisiones Obreras, exigen la convocatoria de la mesa negociadora donde plantearán una subida del complemento específico en 350 € en 3 años para más de 10.000 funcionarios. Esto supondría un coste para el Ministerio de 55 millones de euros, el 0,86% del presupuesto del departamento. Una cifra asumible, sostienen los sindicatos. Los cuatro sindicatos aseguran que llevan varios meses intentando que el Ministerio de Justicia se siente a negociar esta equiparación y el resto de condiciones laborales y sólo han obtenido su negativa o su silencio, por lo que se ven abocados a retomar las movilizaciones, para obligarle a sentarse a negociar. Añaden que están inmersos en un proceso de transformación tecnológica que ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, obligando a los trabajadores a realizar nuevas funciones y al uso de nuevas herramientas.