La alcaldesa de Villa del Prado y diputada regional tendrá que declarar como investigada el día 12 de abril
Belén Rodríguez Palomino, del PP, está investigada por un presunto delito de prevaricación
Belén Rodríguez Palomino, alcaldesa de Villa del Prado y diputada regional del PP / PP Asamblea de Madrid
Móstoles
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar en calidad de investigada el 12 de abril a la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, del PP, por un presunto delito de prevaricación.
En la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el TSJM fija la declaración a las diez de la mañana en la sede del Tribunal.
Fuentes del PP de Madrid han comentado a Efe que la diputada regional y alcaldesa (que será la candidata del PP para Villa del Prado en las próximas elecciones municipales) no va a dimitir de sus cargos ya que está investigada por un posible delito de prevaricación administrativa y no por corrupción.
Por ello, las mismas fuentes han señalado que no es de aplicación el código ético del partido, con el que todos los miembros del grupo parlamentario del PP y del Gobierno regional se comprometen a renunciar a sus cargos si son investigados por un delito de corrupción.
La declaración como investigada de Belén Rodríguez Palomino tiene lugar después de que el TSJM admitiera a trámite la querella de la Fiscalía Superior de la Comunidad contra la alcaldesa y diputada regional del PP en la Asamblea de Madrid.
La Fiscalía señalaba que había "indicios sólidos" que apuntaban a un posible delito continuado de prevaricación.
La querella de la Fiscalía llegó a instancias de una denuncia de enero de 2018 del concejal del Ayuntamiento de Villa del Prado José Manuel Martín Salamanca en la que informaba de que el Consistorio pagó de 2014 a 2017 más de 634.000 euros a dos empresas por los servicios de electricidad y fontanería.
El grupo municipal Vecinos por Villa del Prado, al que pertenece Martín Salamanca, denunció ante la Fiscalía de Área de Móstoles la ausencia de los procedimientos de contratación a las empresas Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L., que realizan las labores de mantenimiento en el Ayuntamiento desde hace más de diez años.
En su denuncia, el edil aseguraba que en ese periodo se habían llevando a cabo "trabajos fraccionados" y sin expediente de contratación, por los que habrían cobrado al Consistorio más de 80.000 euros cada año.
El concejal de la oposición afirmaba que se habían fraccionado los contratos para no superar los 18.000 euros, el límite legal para los contratos menores, y así no tener que cumplir con los principios de concurrencia y publicidad y evitar igualmente "los mecanismos de control".
