Acció Cultural propone una Llei de Igualtat Lingüística ante el retroceso en el uso del valenciano
Pretende evitar las discriminaciones a la lengua valenciana que, según la organización cultural, aún persisten, entre otras cosas, porque la Llei d'Ús i Ensenyament está ya obsoleta y hay medidas que no se han llegado a poner en marcha.
Valencia
Esta propuesta de Llei tiene como puntos fundamentales la igualdad de los dos nombres oficiales, catalán y valenciano; la competencia lingüística obligatoria para el acceso a la Función Pública; la igualdad real en la enseñanza en las dos zonas de predominio lingüístico de una y otra lengua, así como las medidas para garantizar la atención en valenciano en todos los ámbitos de la sociedad, como en hosteleria, comercio u ocio, así como hacer efectiva la reciprocidad en la recepción de las televisiones autonómicas de otras comunidades del ámbito catalán. Toni Gisbert, Coordinador de Acció Cultural explica que la no discriminación en el trato a las personas debe darse también en la lengua:
Toni Gisbert destaca la necesidad de establecer la igualdad también en materia lingüística
00:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/004RD010000000367097/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Acció Cultural propone dar un "tiempo prudencial" a empresas, servicios y comercios para que atiendan a los valenciano parlantes sin hacerles cambiar de lengua. Para conseguirlo proponen ofrecer incentivos a las empresas que promuevan el conocimiento de la lengua y sanciones a quienes discriminen a los valenciano hablantes.
También proponen pruebas en la oposición o de promoción para el acceso a la función pública que demuestren la competencia para llevar a cabo sus funciones en las dos lenguas oficiales. Para ello prefieren que se incluya una prueba específica en las oposiones, y no sólo la presentación de un título.
En cuanto al nombre de la lengua, señala la equivalencia de valenciano y catalán, tal y como figura en los estatutos de las universidades públicas y ha avalado, en distintas sentencias, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo.