Padre e hijo aceptan dos años de prisión al reconocer que falsearon compraventas de fincas para cobrar expropiaciones

Lugo

Dos vecinos del concello lucense de O Páramo, padre e hijo, han aceptado dos años de prisión, y 45 mil euros a devolver a las seis familias afectadas, al reconocer que falsearon documentos de compraventas de fincas para cobrar expropiaciones de la Xunta de Galicia.

Las acusaciones particulares y la defensa de los dos hombres llegaron a un acuerdo, que suscribió también la fiscalía que pedía en principio cuatro años de prisión, por haber falsificado documentos de compraventa de fincas que iban a ser expropiadas, con la intención de cobrar la indemnización fijada o incluso, alguna acusación, planteaba que también con el propósito de quedarse con esas fincas.

Estaban acusados de un delito continuado de estafa en concurso con otro delito de falsedad de documento público. La acusación pública mantenía que los acusados habían ejecutado un “plan preconcebido” con el objetivo de percibir esas indemnizaciones por la expropiación de unas fincas por parte de la Xunta para la construcción del corredor de Nadela (Lugo) y Sarria.

El grueso de las fincas se sitúa en el concello de O Páramo, y otra en Láncara, en concreto en la Puebla de San Julián.

El abogado de la acusación, en este caso de dos familias supuestamente estafadas, Juan Carlos López, ya anticipaba el “acuerdo”, justificando que se había llegado a ello “porque concurre un atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, porque es un asunto que arranca en el 2007 y estamos en el 2019”. Por ello se rebajaría un “grado” en cuanto las acusaciones.

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Otro “atenuante” es la reparación del daño, y “entonces eso supone la rebaja de otro grado más”, con lo que la pena se ha reducido a dos años de prisión para cada uno de ellos, con la “reparación” del daño (sobre 45 mil euros), y las “costas de la acusación particular”.

López ha precisado que “se trata de una estafa de libro”, recordando que “la instrucción fue bastante complicada porque era mucha gente y la mecánica de la estafa, con un testaferro por el medio, fue bastante complicada, pero eso no obvia que doce años de instrucción es bastante tiempo”.

Unas dilaciones indebidas que ha reconocido que “nos afecta como acusación”. “La justicia lenta no es justicia”, sentenciaba finalmente el letrado lucense.