El tribunal de la UE tendrá que pronunciarse sobre las hipotecas

Palma

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre los gastos vinculados a la formalización de las hipotecas. El Juzgado de primera instancia número 17 de Palma ha planteado una cuestión prejudicial ante las discrepancias surgidas tras las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. La jueza Margarita Poveda justifica su decisión en las miles de reclamaciones bancarias formuladas por consumidores a cuenta de cláusulas de formalización y cancelación de hipotecas.

En un auto, la magistrada apela a la necesidad de unificar los criterios de interpretación para garantizar las seguridad jurídica y evitar sentencias contradictorias que provoquen un daño irreparable a los ciudadanos. Según la jueza, existe una disparidad de criterios entre por sentencias del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, que han ido cambiando su interpretación del asunto en un breve periodo de tiempo. Unos cambios que, a juicio de la magistrada, podrían apartarse de las directivas europeas de consumo.

El auto responde a la demanda planteada por un bufete de abogados, que ha calculado que cada cliente podría reclamar una media de 10.000 euros en concepto de gastos de notaría, gestoría, registro y tasación. También podría solicitar la devolución del dinero del impuesto de actos jurídicos documentados y por la comisión de apertura de la hipoteca. El procedimiento ante el tribunal europeo ha sido solicitado por la vía de urgencia.

El último dictamen del Supremo estipuló que los gastos de notaría deben dividirse entre el banco y el cliente y que es el beneficiario de la hipoteca quien debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados antes de la entrada en vigor del Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado noviembre.