El Seprona tramita 113 denuncias de pozos ilegales en la cuenca del Segura
De esa cifra, 67 denuncias son por extracción y 14 por sondeos
Murcia
El caso del niño Julen, que murió en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), puso sobre la mesa el problema de la extracción ilícita de agua en España que intenta taponar la Guardia Civil, que entre 2013 y 2017 puso por ello 1.114 denuncias, 113 de ellas en la cuenca del Segura, de las que son 67 por extracción y 14 por sondeos.
Según los datos del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), en ese período los agentes de esta unidad especializada tramitaron además 1.530 denuncias por extracción ilegal de aguas, tanto en pozos como en acequias o ríos.
Y de los pozos detectados con irregularidades, sólo diez fueron clausurados.
Por confederaciones, son la del Guadalquivir y la del Tajo las que acumulan más denuncias, mientras que en el Cantábrico las cifras son mucho más bajas.
Contra esos pozos actúa la Guardia Civil en un doble objetivo: evitar la extracción ilegal de un bien escaso como es el agua y garantizar la seguridad ante el peligro que puede suponer una excavación no señalizada y realizada en cualquier parte.
La mayoría de las denuncias se quedan en el ámbito administrativo, pero otras pasan a la vía penal, como podrían ser las que se tramitan por la excavación de pozos en acuíferos sobre explotados o aquellas extracciones abusivas afectan a los recursos naturales y al ecosistema.
Los pozos ilegales suponen "un problema gravísimo" tanto por la extracción de un recurso escaso como y por los riegos para la seguridad. El caso de Julen es un ejemplo.