La Audiencia Provincial de Murcia da carpetazo al caso Rotondas
Cadena SER
Murcia
La Audiencia Provincial de Murcia, en un auto contra el que no cabe recurso alguno, ha desestimado el recurso que el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, presentó contra el archivo del caso Rotondas, de presunta corrupción, acordado hace ahora casi dos años por el Juzgado de Instrucción número Tres de esta ciudad.
En este caso figuraban, entre otros investigados, el exteniente de alcalde de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia Fernando Berberena, el artista Alfonso Albacete, el exjefe de Infraestructuras del municipio Juan Antonio Blanco y el galerista José Fermín Serrano.
Según el representante del ministerio público, todos ellos habrían incurrido en la comisión de distintos delitos, como los de prevaricación y cohecho, por las actuaciones llevadas a cabo para la colocación de un grupo escultórico, obra de Albacete, en una rotonda de una de las nuevas avenidas de la capital murciana.
La Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada María Ángeles Galmés, rechaza todos los argumentos del fiscal y asume todos los contenidos en el auto recurrido.
Así, comenta que los expedientes tramitados en el año 2006 y 2007 para la construcción de la fuente de la rotonda y para la colocación del grupo escultórico fueron irregulares, al ser incoados cuando los trabajos ya estaban hechos, pero añade que "ello no supone, por sí, la existencia de un ilícito penal".
El tribunal señala igualmente que el fiscal consideró como indubitadas las afirmaciones de los funcionarios municipales que aseguraron que cuando intervinieron en la tramitación de los expedientes desconocían que el conjunto escultórico estaba ya instalado, ya que, de haberlo sabido, no habrían actuado de la misma forma.
Para la Audiencia, ese argumento no es de recibo, ya que era pública y notaria esa realidad, al haber sido publicada la noticia que daba cuenta de ello.
Por otro lado, sostiene que no se ha probado la existencia de ningún indicio de delito en la realización del grupo escultórico y en su colocación, trabajos que costaron 440.000 euros.
Y añade que tampoco han aflorado indicios incriminatorios "relevantes" en cuanto a la posible recepción de regalos por Berberena como contraprestación por la compra de la obra.
Finalmente, sostiene que tampoco está acreditado que el cuñado de Berberena, el galerista José Fermín Serrano, que estuvo defendido por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, hubiera incurrido presuntamente en un delito de tráfico de influencias por influir sobre este para conseguir la compra de la obra por el ayuntamiento.
