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El juez archiva el caso 'Contratos' que afectaba a cargos de Més

El magistrado considera que tras las pruebas no ha quedado "debidamente justificada" la perpetración de los delitos

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Palma

Archivado el caso Contratos. El magistrado del juzgado de instruccción número 9 de Palma ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba a altos cargos de Més por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El asunto indagaba sobre un supuesto fraccionamiento de contratos desde la Conselleria de Cultura y la Agencia Balear de Turismo a empresas vinculadas al 'gurú' de la campaña de Més, Jaume Garau. El juez concluye que, tras las pruebas practicadas, no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos.

En la causa se encontraban investigados el que fuera coordinador de la campaña de Més, Jaume Garau, la exconsellera de Cultura y Transparecia Ruth Mateu, el director general de Cultura Jaume Gomila, el director del Institut de Estudis Balearics, Josep Ramon Cerdá y el presidente de la Agencia Balear de Turismo, Pere Muñoz. El PP de las islas estaba personado como acusación popular.

Estaban acusados de favorecer de manera arbitraria a Garau a través de las empresas que administraba, de las que era titular o con las que tenía relación.

Desde Cultura se investigaba la adjudicación de contratos menores eludiendo la legalidad fraccionando contratos. Sobre la Agencia Balear de Turismo se investigaba un contrato para elaborar un barómetro sobre satisfacción turística. El juez investigó si los trabajos tenían por objeto una unidad operativa y en consecuencia debían haber sido objeto de un solo contrato o si era admisible y razonable la existencia de más de uno.

Los políticos defendieron que eran trabajos distintos. En el auto de sobreseimiento, el magistrado recuerda que se citó a declarar a funcionarios y también a los políticos investigados. Señala el magistrado que no puede considerarse que las decisiones adoptadas por los funcionarios investigados en este ámbito contractual puedan considerarse arbitrarias o indefendibles.

Por eso, concluye que el resultado de las numerosas pruebas prácticas no permite atisbar con sospechas fundadas y razonables la posible responsabilidad de los investigados. El caso provocó la dimisión de la consellera Mateu y del director de la Agencia de Turismo. El resto de altos cargos también fueron relevados de sus puestos.

 
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