El ex alcalde creía que la macrourbanización sería buena para el pueblo y la comarca

Ávila

En el juicio penal por presunta prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio que analiza lo ocurrido en Villanueva de Gómez hace más de diez años se ha escuchado hoy la declaración de los cuatro acusados.

El primero en hablar, por razones de salud, ha sido el responsable de Inveralde, la empresa constructora que estaba en los juzgados de Logroño y ha intervenido por videoconferencia. Angel Luis Ilarraza ha declarado que la idea de construir una macrourbanización de más de 700 viviendas y varios campos de golf en ese lugar fue suya.

Para llevarlo a cabo compraron los terrenos que eran de una pequeña cosntructora llamada La Favera y después siguieron comprando a decenas de pequeños propietarios. Entre los que vendieron terrenos a la empresa estaban los padres del entonces alcalde, también acusado en este juicio.

También ha dicho que se reunió varias veces con él para explicarle el proyecto y para buscar el apoyo del pueblo. Y que la paralización de las obras supuso "un perjuicio económico incalculable para la empresa y para la región".

Después ha sido el turno de José Martín, que fue alcalde por el Partido Popular de 1999 a 2006. Él fue quien firmó la licencia de obras el 1 de febrero de 2005 que amparó la tala de árboles en el pinar.

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Ha explicado que firmó porque se había pedido un informe técnico a la Diputación, que determinó que la petición de la empresa era conforme a las normas urbanísticas del municipio.  Pero la Fiscalía ha puesto de manifiesto que ese informe técnico salió de la Diputación dos días después de que se firmara la licencia de obras. Y en él solo se hacía referencia a uno de los seis sectores urbanizables, mientras que la licencia se concedió para todos los sectores. Ante las preguntas de la fiscal, el ex alcalde ha dicho que lo que él entiende es que ese informe "no dice que no se pueda hacer".

Otro de los acusados es Raúl García, ingeniero de Caminos y autor del proyecto. Su declaración ha sido muy técnica. Ha dicho que todo lo que se hizo tenía el visto bueno de las comisiones de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Ha reconocido que se hicieron viales en terreno protegido, pero que eso era conocido ya que se recogía en el proyecto puesto que era necesario para conectar unos sectores con otros. También ha dicho que no pensaron que estaban haciendo nada ilegal hasta que llegó la orden judicial de paralizar la obra.