Centros de menores: ¿un "marrón" o un derecho que hay que garantizar?

Valencia

En las últimas semanas distintos colectivos y partidos políticos han puesto el grito en el cielo después de que la Generalitat haya iniciado los trámites para poner en marcha distintos centros de menores. Hablamos por ejemplo de Alborache, de Lliria, de Real de Gandia. En todos estos lugares se están poniendo en marcha iniciativas para exigir que no se abran estos centros donde se deriva a los menores en desamparo.

Es el caso del albergue de Alborache, que se ha convertido desde esta semana en un centro de menores. Allí han sido derivados 13 niños bajo la tutela de la Generalitat y lo han hecho entre críticas de los vecinos y la petición formal del Ayuntamiento de que se cierre ese centro con la excusa de que nunca ha tenido licencia de apertura y de actividad. Un numeroso grupo de vecinos protagonizó el pasado jueves una cacerolada de protesta.

Llevan recogidas más de 1.500 firmas para pedir una consulta popular porque consideran que éste no es el mejor emplazamiento para estos menores. Recuerdan que en los últimos meses en el centro que había en Buñol se produjeron preocupantes episodios de robos, peleas, incluso agresiones sexuales. Juanjo Clemente, portavoz de la Plataforma Ciudadana Independiente de Alborache, cree que un municipio pequeño no tiene servicios para estos menores y recuerda que en su localidad no tienen agentes de la policía local.

El Partido Popular también ha criticado la puesta en marcha de este centro y del que en las próximas semanas abrirá en Real de Gandia. Allí, su portavoz Enrique Boscà, explica que estarían dispuestos a que se pusiera en marcha un centro de día, un geriátrico, o un centro de atención a mujeres maltratadas, pero piden un referéndum porque, vista la experiencia de Buñol, están en contra de que sea un lugar asistencial de menores.

Pero la directora general de la Infancia, Rosa Molero, recuerda que el cumplimiento de los derechos del niño no se vota y que están tratando de hacer frente a un auténtico fenómeno migratorio. Y es que en 2015 llegaron 45 menores extranjeros que tuvieron que ser tutelados por la Generalitat. El año pasado, 945. Explica que en la Comunitat existen más de un centenar de residencias, casas tuteladas y centros de menores y pide a los vecinos que se informen antes de criticar de raíz la apertura de nuevos centros.

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En la misma línea, Marlene Perkings, la coordinadora de Unicef en la Comunitat Valenciana, cree que hace falta hacer más pedagogía para combatir los prejuicios y hace un llamamiento a la serenidad.