La FAMP pide el reajuste de los planes de empleo de la Junta al Salario Mínimo Interprofesional
La Federación pone sobre la mesa soluciones y alternativas que consideran debe solventarse con urgencia
(EUROPA PRESS)
Sevilla
El presidente de la Federación Andaluz de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha pronunciado sobre los Planes de Empleo y la entrada en vigor desde el pasado mes de enero del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que "implica un aumento de costes laborales en las corporaciones locales"
En este sentido, Villalobos ha pedido "una revisión y el ajuste de estos planes a la nueva realidad, que nos permita trabajar, codo con codo, con los sindicatos UGT y CCOO, para posteriormente plantearlo a la Junta de Andalucía"
El presidente de la FAMP ha subrayado que existen soluciones y cortapisas, pero también una voluntad política y municipal de complementar las cuantías previstas en las subvenciones para atener el incremento del SMI. Aunque las órdenes de convocatoria parecen impedirlo, ya que establecen una incompatibilidad de la subvención con otras.
Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta "las limitaciones impuestas por la Regla de Gasto y Presupuestos de la Administración Local" establecidas en la legislación del Estado.
Villalobos ha ofrecido una serie de soluciones alternativas, entre ellas, que la Junta de Andalucía hiciese una aportación de financiación al efecto. En segundo lugar, que se permita reformular los planes modificando, a la baja, el número de contratos. La opción preferida por los sindicatos. En tercer lugar, que se permita reducir el tiempo de contratación por debajo de los 6 meses. Y finalmente, que se permita aplicar la jornada laboral a tiempo parcial.
Villalobos solicitará a la Junta de Andalucía una reunión urgente para buscar una solución rápida y de consenso en la búsqueda de una solución que satisfaga a todas las partes. "Desde la FAMP se solicitará al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) una moratoria en tanto se instrumenta una solución para evitar que se cumplan los plazos y que pueda originar, en última instancia y debido a la inseguridad jurídica, que los ayuntamientos renuncien a las subvenciones", indicó.
