Miles de discapacitados murcianos podrán votar por primera vez el 28A

Murcia

La XII Legislatura acaba con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General (LOREG), que permite a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual con sentencia judicial de incapacidad ejercer su derecho al voto, una iniciativa que procede de la Asamblea de Madrid y que el Congreso de los Diputados tomó en consideración en noviembre de 2017 para aprobarla finalmente en octubre de 2018. En la Región de Murcia pueden ser unas 3.000 personas con discapacidad las que tengan derecho a votar por primera vez el próximo el 28 de abril.

Carmen Gil, presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF) ha mostrado su satisfacción en Hoy por hoy por lo que ha denominado "eliminación de una exclusión histórica" que no se entendía en un país democrático como España. Al mismo tiempo Gil ha aplaudido la labor realizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y por Inclusión Social a favor del derecho a voto de las personas con discapacidad.

Fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), afirman que este colectivo podrá participar "con toda seguridad" en las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes de este anuncio ha atribuido a su gestión la reforma de la LOREG: "Reconocimos el derecho al voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido".

Sin embargo, para el movimiento social de personas con discapacidad esta conquista del voto no termina con la "conculcación de derechos fundamentales" de las personas con discapacidad, ya que quedan pendientes varias reformas para que España cumpla con la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada hace más de una década.

El cierre de la Legislatura deja en suspenso la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres, que contempla el artículo 156 del Código Penal y sobre la que la ONU ha advertido ya a España. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial hay un promedio de 100 resoluciones de autorización de esta práctica al año en España.

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Tanto expertos como organizaciones de infancia y discapacidad sostienen que detrás de este artículo del Código Penal para evitar embarazos no deseados, existe el riesgo de que la esterilización se convierta en la puerta de entrada a abusos y agresiones sexuales contra estas mujeres y niñas con discapacidad porque desaparece esta posibilidad de embarazo.

De momento, en este ámbito, el Gobierno solo se ha comprometido a crear "una comisión de expertos para estudiar una posible reforma del Código Penal para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad", según indica en una respuesta parlamentaria con fecha del 21 de enero.

Otro de los asuntos que quedan sin resolver en esta Legislatura es el de garantizar la accesibilidad universal. Hece más de un año -el 4 de diciembre de 2017- se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos sus espacios públicos, bienes y servicios, una obligación que las administraciones siguen incumpliendo.

Se trata de acatar el Real Decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula, armoniza y aclara las leyes en materia de discapacidad aprobadas con anterioridad, además, da cumplimiento a la Convención Internacional.

Tampoco se ha aprobado la demandada reforma de la Ley de Propiedad horizontal, pues la falta de accesibilidad en edificios obliga a muchas personas con movilidad reducid a estar "encarceladas" en su propio domicilio del que no pueden salir sin ayuda de otras personas de su entorno, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Otro de los asuntos que quedan en el aire y que afectan al colectivo de personas con discapacidad es el trasvase al sistema educativo ordinario de los más de 37.000 alumnos matriculados en centros de Educación Especial, una medida que el Ejecutivo socialista dijo introduciría en la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que remite este viernes al Congreso, aunque no completará su tramitación parlamentaria.