Seis mil féretros fueron "retirados" en el tanatorio de El Salvador
El Juzgado contactará con las familias afectadas por la presunta estafa desde 1995
Agencia Ical
Valladolid
Son 6.000 los féretros retirados antes de la incineración. Por tanto, 6.000 familias afectadas por el "cambiazo" protagonizado durante dos decenios en los tanatorios del Grupo El Salvador . Es un dato provisional que instruye el Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular ha levantado el secreto sumarial.
Y una advertencia en la que se funde la tranquilidad y el desasosiego de las familias que han velado a sus seres queridos en este tanatorio de Valladolid: No en todos los funerales se cometió estafa, pero están constatados 6.000 durante veinte años, prácticamente desde que se implantó el primer crematorio en Valladolid.
El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban las cajas antes de la incineración y se revendían. Estas prácticas habrían estado realizándose durante 20 años, pero no afectan a todas las incineraciones realizadas en este periodo. De manera provisional, el juzgado estima que fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.
¿Qué deben hacer las familias?
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anunció el procedimiento:
"A los afectados se les irá llamando paulatinamente para informarles de la existencia del procedimiento judicial. Se contactará con ellos y se les hará el ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa. "
Además, la Policía Nacional, de acuerdo con la Fiscalía de Valladolid, ha elaborado un modelo de denuncia para agilizar el trámite. El documento especifica que en el caso de que no exista contrato de seguro con alguna compañía aseguradora, es necesario aportar copia del contrato de prestación de servicios que se suscribiera con alguna de las sociedades denunciadas, así como el o los justificantes de pago de los servicios prestados (factura, comprobante bancario de transferencia realizada, etcétera). También hay que especificar el coste de los servicios funerarios .
El pasado sábado, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil, y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que aún permanece en la cárcel.
Los otros trece arrestados quedaron en libertad. Todos son investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.
Las diligencias tienen su origen en 2017. En el marco de esta investigación, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.
