Leganés deberá pagar 10 millones por una expropiación
Unión por Leganés cree que el Ayuntamiento ha sido "negligente" al no recurrir el asunto en los tribunales

La parcela en la avenida de los Pinos / Google Street View

Leganés
Se trata de una parcela de terreno de casi 6.000 metros cuadrados en la avenida de los Pinos, en el entorno del parque de Los Frailes. Los propietarios, amparados por la legislación, pidieron en 2010 la expropiación del terreno al Ayuntamiento ante la imposibilidad de operar con él por estar adscrito a redes generales de suministro. El Gobierno local se opuso y la expropiación terminó en los tribunales. Según la versión de ULEG en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los propietarios, y el Ayuntamiento no presentó recurso de casación ante el Supremo pese a tenerlo preparado.
Carlos Delgado, portavoz de ULEG, acusa de negligencia al Ayuntamiento por la expropiación de terrenos en la avenida de los PInos
00:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Tampoco hubo acuerdo en la valoración del terreno, ya que los propietarios lo establecían en 19 millones de euros y el Gobierno local en poco más de 2.000 euros. Finalmente el jurado territorial de expropiaciones, según ULEG, estableció el valor en 1,9 millones de euros, y los propietarios volvieron a recurrir ante el TSJM. Ante la ausencia (de nuevo) de recurso del Ayuntamiento, el tribunal establecía una valoración de 7,4 millones de euros más intereses desde el año 2011, una cantidad total cercana a los 10 millones de euros. ULEG ha puesto el foco en este pago asegurando que se trata de una “negligencia monumental” del Gobierno local.
Unión por Leganés ha indicado que, si llegan al Gobierno local en mayo, tramitarán expedientes de responsabilidad patrimonial contra los actuales responsables municipales para cubrir este gasto de 10 millones de euros.