El equipo de gobierno apoya a los ediles y la izquierda pide que sean cesados

Málaga

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, tras publicarse que la Fiscalía ha denunciado a los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, y al coordinador general gerente de Urbanismo y Vivienda, José Cardador, por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, ha señalado que no tiene constancia oficial de la denuncia, afirmando, además, que los tres "habrían dado explicaciones a la Fiscalía si esta lo hubiera requerido". No obstante, afirman que "darán todas las explicaciones que sean necesarias ante el juez".

Asimismo, el equipo de gobierno del PP ha mostrado su apoyo a Porras, Pomares y Cardador, además de exigir "respeto a la presunción de inocencia por encima del oportunismo político" y "coherencia a quienes exigen ceses o dimisiones a los demás cuando no lo hacen en sus propias filas".

A través de un comunicado, el equipo de gobierno de Málaga capital ha reiterado que no tiene constancia oficial de la denuncia presentada por la Fiscalía. Tampoco los tres aludidos "y la única información, hasta el momento, es la publicada en los medios de comunicación".

Asimismo, han aclarado que, si las informaciones publicadas se corresponden con la decisión de la Fiscalía, los concejales y el directivo denunciados no están siendo investigados --imputados--, incidiendo en que "si lo estuvieran, sería porque el juez lo determina".

También en el comunicado precisan que Pomares, Porras y Cardador "habrían dado explicaciones a la Fiscalía si wsta lo hubiera requerido, del mismo modo que la Gerencia Municipal de Urbanismo le ha facilitado a la Fiscalía toda la documentación que ha solicitado".

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Es más, en este sentido, han agregado que "se remitió un escrito a la Fiscalía ofreciendo dichas explicaciones". En cualquier caso, han añadido, "los tres darán todas las explicaciones que sean necesarias ante el juez".

Por otro lado, el equipo de gobierno ha recordado que este tema ya fue juzgado en su momento en el ámbito laboral y han señalado que "aquella sentencia firme, del TSJA (1.699/2007), dejó claro que no hubo ninguna actividad contraria a la legalidad urbanística ni tendente a bloquear la actividad administrativa".

La Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas en la capital malagueña, en concreto en la promoción Villas del Arenal, que surgió a raíz de la comisión de investigación en el Ayuntamiento. Así, se insta a que se investiguen posibles delitos y que se tome declaración como investigados a los denunciados.

REACCIONES

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, el cese de los ediles del gobierno municipal Francisco Pomares y Teresa Porras, y del gerente de urbanismo, José Cardador, ante la denuncia de Fiscalía.

"En los últimos meses denunciamos cómo, supuestamente, en Urbanismo se trabajaba al margen de la legalidad, se modificaban o se dejaban morir expedientes, se le pedía a los funcionarios que 'mirasen para otro lado' y se sancionaba y castigaba a quien no obedecía. Ante esto no cabe otra lectura que actuar con contundencia: la corrupción no puede ni debe ser tolerada", ha afirmado.

El socialista ha explicado que "fueron los propios funcionarios quienes denunciaron estas injerencias, este entramado que entorpecía a propósito la labor fiscalizadora de la GMU y cómo, si no estaban de acuerdo con estas órdenes, se les cesaba de su puesto y se les condenaba al ostracismo, mientras el alcalde era perfecto conocedor de todo lo que sucedía".

En este sentido, ha recordado que fue el Partido Socialista quien aportó "pruebas sólidas de manipulación del foliado en los expedientes a la fiscalía, así como cambios en las bases de datos o las instrucciones, por escrito, para poder interferir, por parte de cargos de confianza y políticos, en los expedientes sancionadores abiertos".

Entre tanto, el portavoz del grupo municipal de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, ha exigido la dimisión inmediata de los ediles del PP Francisco Pomares y Teresa Porras y del Gerente de Urbanismo José Cardador "por la gravedad de los delitos de los que se les acusa", después de que la Fiscalía les denunciara por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Además, ha pedido al alcalde que asuma sus responsabilidades políticas en el caso de los expedientes de infracciones urbanísticas sin tramitar ya que está plenamente acreditado que el alcalde tenía total conocimiento de todo lo que estaba pasando. “No es una suposición, sino que hay escritos dirigidos a él y algunos con acuse de recibo. "El alcalde lo sabía y lo permitió y en vez de actuar permitió que se apartara de sus funciones a personas que no querían mirar para otro lado y que ponían obstáculos a las injerencias políticas y dificultaban que se pudieran perpetrar delitos gravísimos como los que ahora se investigan", ha subrayado Zorrilla

El edil ha calificado el asunto como el más grave y escandaloso que se ha vivido, no sólo esta Corporación, sino en todo el periodo de gobierno del Partido Popular, "no solo se les acusa de graves delitos sino que además se ha ordenado a la Policía que se siga investigando hechos muy preocupantes como la desaparición de documentos, alteración informática y nuevo foliado de los expedientes

El edil entiende que no existe precedente alguno en época democrática, aunque sí se produjo un escándalo en la etapa de Pedro Aparicio como alcalde con el asunto de la cooperativa de Paidemaco. “Recordemos que provocó la dimisión de dos concejales del equipo de gobierno que en aquel entonces no estaban imputados. Creemos que la ética en el desarrollo de los cargos públicos va más allá. Los hechos pueden terminar siendo condenados o no, pero la ética política exige la dimisión por ser comportamientos inadmisibles en un representante púbico”.

Ciudadanos esperará para pedir ceses

Ciudadanos pedirá la destitución de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras así como del gerente de Urbanismo, José Cardador, si la denuncia del fiscal conocida este viernes cristaliza en apertura de diligencias y, por lo tanto, pasan a tener carácter de investigados. Así lo ha comunicado el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Juan Cassá, tras una reunión con todo su equipo y varias consultas jurídicas.

“Es la prueba de que las comisiones de investigación no son una pantomima. Es la segunda que preside Ciudadanos y en ambos casos fuimos a la Fiscalía en cuanto se pusieron sobre la mesa graves acusaciones”, ha manifestado, al tiempo que ha querido volver a expresar el máximo respeto del Grupo Municipal por la acción de la justicia y las presunciones de inocencia. “Hemos sido un ejemplo respetando los tiempos y el trabajo judicial y por eso nos remitimos a lo que el juez dictamine tras la denuncia del fiscal. Evidentemente son hechos muy graves, dado que, además, la denuncia del fiscal es cualificada y basada en investigaciones profundas y tras la toma de las diferentes declaraciones en estos meses”, ha incidido.

Ciudadanos elevó a la Fiscalía un escrito el pasado mes de septiembre tras las graves declaraciones por parte de exaltos cargos de Urbanismo durante una de las sesiones de la comisión que investiga si pudieron dejarse caducar miles de expedientes sancionadores desde 2006.

“Siempre hemos puesto el foco en Urbanismo porque creemos que es un tapón para el desarrollo de Málaga dada la tardanza en otorgar licencias. Pero lo que no podíamos hacer como responsables políticos es desoír acusaciones tan graves como las vertidas en la comisión de investigación. Esto es otra cosa. Esto es grave y algo más que mala praxis. Se está hablando de funcionarios que hablan de injerencias políticas, de peticiones de hacer la vista gorda, de acompañamiento político a inspectores...”, ha abundado Cassá.

Este viernes se ha conocido que el fiscal ha denunciado a los dos concejales y al responsable de Urbanismo por presuntos delitos de prevaricación por omisión, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el caso de Villas del Arenal.

En mayo de 2018 arrancó la comisión de investigación presidida por el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, y el 13 de septiembre se dio traslado a la Fiscalía del escrito que ponía las graves acusaciones en conocimiento del Ministerio Público y se adjuntó la grabación de la sesión referida.