Una comisión de investigación que abrió la caja de Pandora en Urbanismo

Málaga

El demoledor relato de tres exjefes del departamento de Disciplina Urbanística en la comisión municipal de investigación sobre los expediente de infracción en la Gerencia Municipal de Urbanismo entre 2006 y 2016 puso en el punto de mira a este organismo municipal y ha acabado dando lugar a la investigación judicial contra el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, la concejala del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador.

El testimonio de los exjefes de Disciplina Urbanística Teresa Domingo, Esther Sedano y Alberto Íñiguez, todos ellos cesados, incidía en las “injerencias” políticas, “presiones”, e incluso “represalias” que sufrieron por parte de Pomares, Porras y Cardador para que “miraran para otro lado” y frenaran los expedientes de infracción en la barriada de Villas del Arenal. Incluso detallaron que fueron apartados del caso para dar paso a un “equipo B” nombrado por los responsables de la Gerencia que se dedicó a tramitar los expedientes. Se trataba de infracciones detectadas en esa barriada de Cruz de Humilladero durante 2013 por la construcción de pérgolas o cerramiento de garajes sin permiso.

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Sesiones de la comisión de investigación en las que estos comparencientes denunciaron que se les vetó el acceso informático a los expedientes y se prohibió a los inspectores ir a la barriada sin avisar previamente al director del distrito, Alberto Díaz, hombre de confianza de Porras. “Lo que yo digo es que a los expediente de Arenal se les aplicaron otros criterios favorables que no se estaban aplicando a otros expedientes”, explicó el exjefe de sección de Infracciones Urbanísticas, Alberto Íñiguez, lo que desencadenó en “el cambio radical de jefaturas” con el cese de siete cargos como “represalia política” por no seguir supuestamente las directrices de los responsables de la gerencia.

Entre los testimonios más controvertidos, el de la exjefa de Disciplina Urbanística del ayuntamiento de Málaga, Teresa Domingo, que puso el foco en el concejal de Urbanismo y su número dos: “Las presiones, las injerencias empezaron con la llegada de Pomares y Cardador, indicó Domingo. “No me dijeron prevarica, si no que eran sus actos y sus órdenes con las que pretendían que yo prevaricara”. Incluso, relata los “requerimientos continuos” que recibió para modificar el PGOU con objeto de que “no computaran los porches y terrazas” de Villas del Arenal, todo con el fin de “legalizar las infracciones urbanísticas ya detectadas”.

“Lo que querían era un urbanismo a la carta”, sostuvo Domingo, que indicó que el gerente de Urbanismo directamente le pidió si podía “mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones”.

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Pero el alcalde de Málaga no era ajeno a lo que ocurría en la Gerencia, según sostuvieron los tres exjefes de Urbanismo en sus testimonios. La propia Domingo afirmó que puso en conocimiento "de todo" a Francisco de la Torre en una reunión el 1 de julio de 2014 durante una hora y cuarenta minutos: “Le dije al alcalde que Pomares y Cardador me estaban exigiendo cruzar una línea que jamás iba a cruzar, que era la línea de la legalidad. Y le pedí expresamente que no me pidiera cruzar esa línea, porque yo no la iba a cruzar”.

Estos testimonios provocaron que el grupo municipal de Ciudadanos acudiera a la Fiscalía para ponerla en conocimiento de las manifestaciones vertidas en la comisión municipal de investigación por si se pudiera derivar algún tipo de responsabilidad jurídica. Más tarde, acudirían Málaga para la gente y el PSOE para aportar más documentación e incluso Pomares y Cardador remitirían sus propios documentos con su argumentación.

La comisión de investigación se cerró en su séptima y última sesión el pasado mes de noviembre dictaminando, con el voto mayoritario de la oposición y el rechazo del PP, que hubo injerencias políticas, presiones e incluso represalias para frenar expedientes de infracciones urbanísticas con el conocimiento del alcalde. Sin embargo, no salió adelante la petición de cese para Pomares y Cardador por la abstención de Ciudadanos, que argumentó que el asunto estaba en la Fiscalía. Ahora, el caso, ha dado un giro de tuerca más.