La Fiscalía denuncia por prevaricación y tráfico de influencias a Pomares, Porras y Cardador por el caso Villas del Arenal

Málaga

La Fiscalía ha presentado denuncia contra el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares, la Concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras y contra el Coordinador General de Urbanismo José Cardador, por las presuntas irregularidades que se cometieron en los expedientes de infracción urbanística en la promoción Villas del Arenal, un polémico asunto que llevó al consistorio a crear una comisión de investigación. A los tres les imputa los delitos de tráfico de influencias, prevaricación por omisión, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Según ha podido saber esta emisora de fuentes del caso, el Ministerio Público asume como indicios para continuar con la causa buena parte del relato de los denunciantes, es decir, que, desde 2013,  se produjeron irregularidades en la tramitación de los expedientes por infracciones urbanísticas en Villas del Arenal; que hubo injerencia política.; que dejaron caducar o morir expedientes para no sancionar a los vecinos y que hubo instrucciones directas de Francisco Pomares, de José Cardador y de Teresa Porras a los técnicos municipales para saltarse la legalidad. La fiscalía sospecha que los tres investigados establecieron un sistema que, en la práctica, bloqueaba la tramitación de los expedientes con la intención de hacerlos caducar.

Según la versión de los hechos, asumida por el Ministerio Público, Francisco Pomares, José Cardador y Teresa Porras exigían ser informados antes de las visitas de los inspectores a Villas del Arenal y debía pasar por ellos la firma para iniciar o concluir un expediente sancionador. Con estos procedimientos, de los que llegaron a informar por escrito, ataron de pies y manos a los técnicos encargados de la tramitación de los expedientes, hasta el punto de crear lo que se denominó un equipo de funcionarios alternativo, el denominado equipo B, para llevar estos expedientes con un resultado final evidente: la mayoría de ellos prescribieron. Para ello no tuvieron reparos en dejar caer, cesar o quitar del puesto a los responsables del servicio que ponían reparo a estas instrucciones y exigían que se cumpliera la legalidad.

Además de pedir la declaración como investigados de los dos concejales y el alto cargo de urbanismo, el Ministerio Público insta a la Policía Nacional a que investigue la posible desaparición de documentos, alteración informática y nuevo foliado de estos expedientes y que se haga una valoración económica del perjuicio a las arcas municipales por la falta de tramitación de los expedientes.

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El caso llegó a la Fiscalía por varios frentes, en forma de denuncia o aportando datos y documentación al asunto ya en investigación. La primera del grupo municipal Ciudadanos que llevó al Ministerio Público el resultado de la Comisión Municipal de Investigación en la que ex jefes de disciplina urbanística denunciaron injerencias políticas en la tramitación de expedientes sancionadores que podrían determinar la pasividad del consistorio ante determinadas infracciones en Villas del Arenal. El grupo municipal Málaga para la Gente-Izquierda Unida se sumó a la causa aportando al procedimiento los 11.864 expedientes abiertos por urbanismo entre 2006 y 2016, gran parte de ellos caducados o archivados sin investigar. Finalmente el PSOE también sumó documentación a este caso denunciando que en la Gerencia de Urbanismo había desaparecido documentación y se habían alterado expedientes y nombres en los expedientes de Villas del Arenal.

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Desde la Fiscalía, en las diligencias de investigación abiertas, se tomó declaración como testigos a Teresa Domingo, ex jefa del Departamento de Infracción Urbanística a Alberto Íñiguez ex jefe de la Sección de Técnica del Servicio de Infracciones y a Esther Sedano quien fue responsable del Servicio de Inspección de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los tres fueron quienes habían denunciado injerencias políticas para dejar morir sin sancionar los expedientes de Villas del Arenal

Además el Ministerio Público encargó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), un informe con la situación de los expedientes de Villa del Arenal tras recibir los documentos exigidos al Ayuntamiento de Málaga. Ese informe avala, en principio, la teoría de los denunciantes, desde el consistorio se dejaba morir los expedientes para no importunar a los vecinos de Villas del Arenal.