¿Hay que demonizar todas las macrogranjas?

Guadalajara

El debate sobre las macrogranjas, instalado de lleno en los últimos años en la provincia, sigue generando opiniones. El último episodio se está viviendo a raíz del proyecto para crear una granja de cría intensiva de 600 cabezas de vacuno en el término municipal de Alcoroches.

La noticia la desvelaba hace unos días Ecologistas en Acción, grupo que está liderando y coordinando el rechazo a estas instalaciones en la provincia, y que no ve muchas diferencias entre las granjas que están destinadas a cerdos y las que apuestan por la cría de terneros. "Nosotros nos oponemos al modelo de cría intensiva y entendemos que los efectos son muy parecidos en ambos casos", señala en SER Guadalajara Alberto Mayor, portavoz del grupo en Guadalajara. "Todos estos proyectos demandan muchos recursos medioambientales y después apenas crean puestos de trabajo".

Mayor cree que la apuesta en la provincia debería ir destinada a potenciar otro modelo de ganadería. "Una granja de 600 cabezas requiere una persona mientras que en ganadería extensiva daría trabajo a 4 personas. Entendemos que es un modelo más sostenible y que sí debería contar con más apoyos".

Una visión diferente tienen en APAG, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos. A través de un comunicado han expresado su apoyo a todas las iniciativas agropecuarias en el medio rural que cumplan la normativa vigente. "La administración tiene unas normas y unos técnicos que se encargan de velar porque se cumplan esas normas", afirma Antonio Torres, secretario general de la Asociación. "Si cumplen esas normas, evidentemente que cuentan con todo nuestro apoyo".

Torres pone el acento en el estímulo que estas instalaciones pueden tener en municipios y zonas gravemente afectadas por la despoblación. "Son pueblos en los que apenas hay habitantes y en el momento en el que se generen 3 puestos de trabajo estamos hablando de un impacto decisivo y entendemos que se debe ofrecer apoyo a estos emprendedores".

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En Guadalajara funcionan ya algunas granjas de este tipo, hay nuevas solicitudes presentadas y otros proyectos se han quedado en el camino al no superar el proceso administrativo. ¿A qué se debe este aumento en el interés por estas instalaciones? Ecologistas y agricultores tampoco se ponen de acuerdo.

Mayor cree que se debe "a que la legislación es menos exigente que en otras comunidades autónomas y a las ayudas de hasta 100.000 euros a las que pueden optar estos inversores". Torres, por su parte, prefiere no valorar si la normativa es más o menos restrictiva, sino limitarse a su cumplimiento. "Hay una ley, si se cumple no hay por qué oponerse a estos proyectos que en muchos casos son de vecinos de la zona que ven una buena oportunidad de crear riqueza".