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Ana Kringe tendrá que volver a declarar por Fitur el 29 de enero

La exdirectora del Patronato de Turismo de la Costa Blanca en 2007 alegó la falta de unos expedientes de contratación para pedir un aplazamiento tras su comparecencia el pasado marzo

La exgerente del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, Ana Kringe, junto con su abogado, a su llegada al Palacio de Justicia el pasado marzo. / Sonia Martín

Alicante

La exdirectora del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, Ana Kringe, tendrá que volver a declarar el próximo martes 29 de enero como investigada por el caso Fitur.

El pasado 16 de marzo ya tuvo que comparecer en el Palacio de Justicia citada por el Juzgado de Instrucción número 7, dentro de la investigación que se sigue sobre los contratos de stands en la Feria de Turismo, durante la época del también popular José Joaquín Ripoll, al frente de la Diputación.

Pero en aquella ocasión, la también exalcaldesa por el PP en Denia, rechazó responder a las preguntas sobre su gestión en 2007 como directora económica administrativa. En cambio, Miguel Juan Baldó, gestor del Patronato en 2008, declaró que él fue contratado a finales de ese año, al término del período que se investiga, y que por tanto nada tuvo que ver con la aprobación de los contratos a las empresas involucradas.

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Kringe avaló con su firma varios contratos con las empresas investigadas durante el año que ocupó su puesto, pero en marzo justificó su negativa a declarar en que no constaban los expedientes de las contrataciones de esos dos años y pidió un aplazamiento. Ahora tendrá que volver a hacerlo en virtud de la nueva providencia del magistrado José Luis de la Fuente.

Kringe y Baldó, además de los empresarios involucrados en la presunta trama, forman parte de la investigación, a raíz de una denuncia que Compromís interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto fraude de 3,2 millones de euros en adjudicaciones realizadas para la Feria Fitur de Madrid entre los años 2004 y 2008.

Por su parte, los dos empresarios investigados y que también tuvieron que declarar, el matrimonio de Javier Molinos y Mercedes Lasa, responsables respectivos de las mercantiles Equipamientos Integrales de Stand Molinos SL y Exporigging, radicadas en el País Vasco y beneficiadas con esas adjudicaciones, alegaron que todo se verificaba por los técnicos y que ellos sí tenían experiencia en el sector.

Todas estas adjudicaciones, recordamos, se hicieron sin licitación, por contratos aparentemente fraccionados, por urgencia y sin motivar en todos los casos. Y a ellas se presentaban únicamente estas dos empresas, juntas o por separado, en manos de este matrimonio; las mismas mercantiles, además involucradas en el caso Fitur Orihuela.

Compromís siempre ha insistido en que se trata de "una trama paralela a la Gürtel", en la que están salpicados numerosos ayuntamientos de la provincia, entonces gobernados por el PP, que se habrían sumado a esta presunta red de adjudicaciones fraudulentas.

Sonia Martín

Sonia Martín

Cubro información local en sus variadas secciones de Alicante y comarca. Licenciada en Ciencias de la...

 
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