La Junta creará una Oficina técnica de atención a afectados por el caso iDental

Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha creará una Oficina técnica de atención a afectados por el caso iDental para canalizar todas las peticiones, dudas, reclamaciones y situaciones especiales que puedan necesitar las personas afectadas y que, hasta este momento, se articulaban a través del Servicio de Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete, según ha informado en nota de prensa.

El director general de Salud Pública, Manuel Tordera, en una reciente reunión con las plataformas de afectados por el caso iDental en Albacete, ha explicado que la creación de esta Oficina, que estará operativa a principios de año y ubicada en la Dirección Provincial de Albacete, responde a una doble necesidad, por una parte la de los propios afectados para tener un lugar de referencia para sus peticiones y demandas, y por otra parte, la de la propia Administración regional, para tener centralizado en un único dispositivo todas las incidencias que puedan surgir relacionadas con este tema.

Tordera ha explicado a cerca de 40 asistentes los acuerdos a los que han llegado con varias entidades bancarias que en su momento establecieron una financiación con las personas afectadas por el asunto de las clínicas odontológicas iDental, a través de préstamos vinculados para la realización de los tratamientos correspondientes. En este sentido, ha explicado que todas ellas han acordado facilitar la cancelación parcial o total de la deuda contraída si éste es el deseo de la persona afectada, o bien, verificar la práctica de una nueva contratación para continuar el tratamiento en otras clínicas. Para proceder a un nuevo cálculo en la primera de las opciones se insta a las entidades financieras a que acepten informes suscritos por odontólogos colegiados sin requerir peritajes para ello, en la medida que suponen un mayor desembolso para las personas afectadas.

Asimismo, se plantea la no derivación de cuotas impagadas de los afectados a procedimientos de recobro y ficheros de registro de morosos, con objeto de no dificultar aún más la situación económica de una gran parte de las personas afectadas. Incluso se promueve la atención singularizada de aquellos casos más extremos en los que la vulnerabilidad sanitaria y/o económica de estas aconseje un tratamiento particularizado. Estos acuerdos son efectivos desde el 30 de noviembre, por lo que desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo se ha pedido a los afectados su colaboración para que, a través de la Oficina Técnica, pongan en su conocimiento los casos singulares y notifiquen si se vulneran estos acuerdos.