Pepi se queda en su casa (de momento)

Madrid

Pepi se queda. La mujer, de sesenta y cinco años, y sus dos hijas de veintisiete y veintiocho, seguirán en su vivienda hasta nueva orden judicial. El caso de Pepi y los vecinos de Argumosa 11 se ha convertido en el paradigma de un proceso que está salpicando el centro de Madrid y el de muchas ciudades del país: la gentrificación de barrios populares que eleva el precio de los alquileres hasta expulsar a los vecinos. Una violenta subida del alquiler a la que acompaña la presión de las inmobiliarias para expulsar a vecinos que llevan décadas en sus viviendas. Pepi y sus hijas llevan veinte años en una vivienda de este edificio del centro de Madrid con un contrato de alquiler. Hasta hace unos meses pagaba cuatrocientos euros al mes. Pero una inmobiliaria compró parte de las viviendas del edificio y cambió la vida de Pepi. Primero llegaron los burofaxes animando a que abandonaran la vivienda. Si no lo hacían, tendrían que pasar a pagar de 400 euros al mes a 1300, el nuevo precio con el que la inmobiliaria pretende sacar al mercado estas viviendas de alquiler. Pero Pepi resistió, y llegó la orden de desalojo.

Hasta en cinco ocasiones han intentado desalojar a Pepi y a sus hijas. La última, la mañana de este viernes. Pero su caso también se ha convertido en símbolo de la movilización vecinal y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra este proceso. Hoy, de nuevo, han frenado el desalojo.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid fijó el desahucio de Pepi para las 6.30 horas de este viernes. Los colectivos Bloques en Lucha y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid denunciaron que el horario fijado pretendía evitar una concentración ciudadana. Por eso durante la noche cientos de personas se han encerrado en el edificio. A las cinco de la mañana, decenas de personas bloquearon la puerta del edificio, que desde las seis contaba ya con decenas de antidisturbios esperando la comitiva judicial. Precisamente el despliegue de activistas ha conseguido que la Policía Nacional aconsejara paralizar el desalojo porque no se podía garantizar el orden público. Fuentes policiales han explicado que para proceder al desahucio, tenían que desalojar uno por uno a los cientos de activistas encerrados en el edificio. Por esta razón, el desalojo se ha paralizado. Pero la suspensión será temporal hasta nueva orden del juzgado. Pepi continuará en la vivienda porque no tiene una alternativa habitacional.

El Ayuntamiento exige a la Comunidad una alternativa habitacional

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha pedido a los tribunales que escuchen al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que el pasado lunes solicitaba al Estado español la suspensión temporal del desahucio. Maestre reclamaba a la Comunidad una alternativa habitacional para estas vecinas dado que la competencia es autonómica y teniendo en cuenta que hasta ahora "no ha sido capaz de dársela".

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En la carta, la Junta de Centro, que lleva ejerciendo labores de mediación con la empresa propietaria de buena parte del inmueble, solicita al juzgado la suspensión temporal del desahucio hasta que las inquilinas cuenten con una alternativa habitacional y añaden que dicha suspensión favorecería un posible acuerdo.

También exponen que, aunque no forma parte de sus competencias, el Ayuntamiento tampoco puede facilitarles una alternativa en forma de techo ya que no dispone en este momento de una opción viable, a lo que se suma la afluencia de demandantes de asilo que se encuentran en Madrid en trámites de regularización de su situación y el desarrollo habitual de la Campaña del Frío. Todo esto hace que los recursos municipales estén saturados.

Rita Maestre ha echado mano de las cifras conocidas este jueves sobre desahucios en 2018 y son "abrumadoras". El perfil ha cambiado al pasar de los hipotecarios que proliferaban en la crisis a los desahucios por "una subida desproporcionada del alquiler, que manda a la gente a la calle", ha indicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Desde el Gobierno municipal se ha pedido "mucha acción política con este asunto y sobre todo de las instancias que tienen la competencia" dado que "no existen promociones de vivienda pública y con parámetros de alquileres sociales suficiente". "Necesitamos que la Comunidad esté cerca de la gente, que es lo que requiere un problema de este calado. Es necesaria una corresponsabilidad absoluta con el tema de la vivienda pero los ayuntamientos no podemos hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo el de las comunidades autónomas. En este sentido, les pedimos una implicación seria y sobre todo real", han indicado.

Naciones Unidas pide la paralización del lanzamiento

Naciones Unidas también ha vuelto a exigir la paralización del desahucio que afecta a Pepi y sus hijas. Las tres llevan viviendo de alquiler en el cuarto piso de este edificio desde hace más de dos décadas. Durante el verano se han producido tres intentos de desahucios que se han aplazado al no tener alternativa habitacional.

El pasado 27 de septiembre el Comité DESC de Naciones Unidas exigió al Gobierno de España que paralizara de forma indefinida el desahucio o que ofreciera una alternativa habitacional.