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Ministerio de Justicia

Los empleados de Justicia siguen con las protestas y exigen cambios "por escrito"

Los funcionarios han vuelto a protestar a las puertas de los Juzgados de Ponferrada y mantienen la huelga

Concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Ponferrada / Radio Bierzo

Ponferrada

Los empleados de Justicia de Ponferrada han secundado un día más la concentración convocada por los cuatro sindicatos CSIF, STAJ,CCOO y UGT, para exigir que el Ministerio deje atrás los cambios propugnados en la LOPJ y que recortan los derechos de los funcionarios, aumentan la presión laboral y empeoran las condiciones de la lentitud de la Justicia.

Radio Bierzo

"Contra la movilidad forzosa y arbitraria", "Contra la reducción de empleo" son los motivos que han movido a concentrarse a más de medio centenar de funcionarios que han escuchado la intervención de los representantes sindicales.

Aunque las protestas llevadas a cabo hasta ahora ya han obligado al Ministerio a mover ficha, los representantes de los trabajadores tienen claro que "sólo se anulará la convocatoria de huelga prevista para este viernes si esas modificaciones anunciadas por la Minsitra de Justicia para volver a la redacción actual del art 521 se hacen por escrito, puesto que llevarlas al Senado puede suponer su rechazo por mayoría".

Es el mensaje que han lanzado a las puertas del Palacio de Justicia los delegados sindicales Olegario Ramón y Susana Rivada quienes además han explicado que el Ministerio sigue desoyendo las enmiendas de la LOPJ aprobadas en el Congreso como las relativas a la prohibición de nombrar personal de refuerzo de los cuerpos generales cuando se nombren jueces de refuerzo, el nombramiento de personal interino sólo cuando la ausencia justificada sea de personal titular.

i no hay una modificación, y que incluso ya tiene convocada a nivel nacional una huelga general el día 16 de noviembre, jornada en la que se anima a participar en una manifestación en Madrid. Y es que, desde la parte social se tiene claro que los cambios sólo disminuyen los derechos de los funcionarios, aumentan la presión laboral y empeoran las condiciones de lentitud de la Justicia, epxlica la delegada de UGT en la provincia, Susana Rivada.

 
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